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GASTEIZ

El PSE critica que Lakua «oculta» unos ingresos extra, que cifra en 890 millones de euros

El PSE ha registrado su enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno de Lakua, al considerar que el gabinete de Iñigo Urkullu incurre en «un ejercicio de ocultismo» y de «abdicación» de sus responsabilidades políticas.

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha dado a conocer la enmienda que ha presentado su grupo al proyecto presupuestario del Ejecutivo de Lakua, en una rueda de prensa en la que ha criticado que la última oferta de acuerdo realizada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, es «un documento tan de mínimos que al final se queda en nada».

Pastor ha recordado que fue Urkullu quien decidió «arriesgarse» a gobernar sin «soportes estables», y ha destacado que « la responsabilidad» de sacar adelante las cuentas es del Ejecutivo.

La decisión del PSE de presentar una enmienda a la totalidad responde, según ha explicado, a una actitud de «responsabilidad y rigor», dado que el proyecto supone, a su juicio, una «abdicación de responsabilidades» por parte del Ejecutivo.

Pastor ha acusado al Ejecutivo de Lakua de limitarse a «juntar partidas para superar el trámite» y a ejercer una labor de mero «contable» para «administrar miseria. El gabinete de Urkullu renuncia a ejercer el autogobierno», ha lamentado. En esta línea, su enmienda denuncia que el proyecto presupuestario «no atienda al mandato constitucional de subordinar toda la riqueza del país al interés general».

Ha criticado las previsiones de ingresos contempladas en el presupuesto, al considerar que son inferiores a las que se producirán en realidad a lo largo del año. En su opinión, en los próximos meses las arcas públicas van a recibir «un dinero extra» que el Ejecutivo «deliberadamente no ha querido incluir, en un ejercicio de ocultismo».

En total, el PSE considera que el Gobierno de Lakua podría disponer este año de 890 millones de euros más de los presupuestados. De esa forma, el presupuesto se elevaría de los 9.316 millones de euros actuales a 10.206 millones, lo que podría evitar nuevos «sacrificios» y «recortes de derechos» a los ciudadanos.