El Gobierno de Lakua enviará al Parlamento de Gasteiz un documento redactado por el Instituto Vasco de Criminología en el que informa de la decisión del Ministerio de Interior español de «suprimir» indemnizaciones a varias víctimas de los GAL y del BVE.
Según recoge un diario del Grupo Vocento, un total de 35 afectados han dejado de percibir esta cuantía económica, después de que la cartera dirigida por Jorge Fernández Díaz les haya vinculado con «el entorno de ETA».
El Gobierno español se aferra a la Ley de Víctimas de 2011, que permite denegar indemnizaciones a personas que, aunque sean consideradas «víctimas del terrorismo», «tengan relación con organizaciones que perpetren delitos violentos».
El informe del Instituto Vasco de Criminología, encargado por el Ejecutivo de Gasteiz, pone en cuestión la denegación de las indemnizaciones, al considerar que «no tiene base jurídica» y roza «la prevaricación administrativa».
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