El Gobierno navarro mantiene abiertos 19 procedimientos sancionadores relacionados con la macrogranja de Caparroso, diez de ellos competentes a la dirección de Agricultura y Ganadería y los nueve restantes en Medio Ambiente.

Así lo ha señalado en conferencia de prensa para presentar datos sobre la gestión de residuos la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, quien ha asegurado que «el compromiso y la voluntad política del Gobierno son claros» y contrarios contra este tipo de explotaciones masivas de animales por su impacto sobre el territorio.

Por ello, y aunque una reciente sentencia judicial obliga al Gobierno navarro a autorizar el aumento de la capacidad de la granja de Caparroso, la consejera ha señalado que su departamento trabaja en la modificación de la Ley de Sanidad Animal para blindar a Nafarroa de ese modelo de explotación «por los diferentes impactos que tienen sobre el territorio». La propietaria de la macrogranja de Caparroso, Valle de Odieta, tiene previsto abrir otra todavía mayor en la localidad soriana de Noviercas, a 50 kilómetros de la muga con Nafarroa.

Al respecto, ha defendido que Nafarroa ha sido «la primera y de momento la única comunidad del Estado en regular el tamaño máximo y también la distancia mínima entre todas las especies ganaderas», algo que hasta ahora solo existía en el ganado porcino, y que reguló mediante un decreto foral aprobado en marzo de 2019.

Aval judicial a la macrogranja

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa de junio de 2020 anuló tanto la limitación del tamaño de las explotaciones ganaderas en el sector bovino como la limitación de la ampliación de la capacidad de las explotaciones ganaderas existentes del bovino, «aludiendo fundamentalmente entre otras razones al principio de libertad de empresa».

«Esto nos obliga a conceder la ampliación de cabezas de ganado» en el caso de la granja de Caparroso, ha reconocido Gómez, quien sin embargo ha señalado que su departamento no cejará en la investigación y sanción de cualquier irregularidad, como lo demuestra los 19 procedimientos sancionadores abiertos en relación con esa granja y que atañen a conceptos tan dispares como vertidos, escorrentías o desplazamiento de los animales.

No obstante, ha incidido en que desde su departamento también seguirá trabajando «por la vía política para conseguir con garantías legales limitar tamaño de las diferentes explotaciones y también de las distancias mínimas» entre animales, un concepto en el que encaja su intención de modificar la Ley de Sanidad Animal.

Sobre los plazos para materializar esta modificación legal, Gómez ha indicado que «el tiempo no es tan importante como las garantías que nos permitan llevarlo adelante. Es un ámbito complicado y debemos hacerlo con garantías para que no vuelva a ocurrir lo sucedido con el decreto foral», ha zanjado