Imanol Intziarte

El 43,9% de los pisos turísticos de Donostia está por encima de la primera planta

Tras la anulación de la ordenanza por parte del Tribunal Supremo, colectivos vecinales y sociales reclaman al Ayuntamiento que no modifique el Plan General para «legalizar» estas viviendas. Convocan una manifestación para el próximo 22 de mayo.

Vivienda turística en Donostiam ubicada en un séptimo piso.
Vivienda turística en Donostiam ubicada en un séptimo piso.

Asociaciones de vecinos de Donostia y otros colectivos que trabajan en torno a la problemática de la vivienda han recopilado los datos de los pisos turísticos en la ciudad y cómo les afecta la anulación por parte del Tribunal Supremo de la ordenanza que permitía abrir este tipo de negocios más arriba de la primera planta.    

Mientras no sea modificado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital guipuzcoana en vigor impide la implantación de pisos de uso turístico a partir de la primera planta, tal y como se regula para pensiones y hostales. «La trampa creada por el Ayuntamiento de Donostia consistió en asimilar el uso turístico de una vivienda al uso residencial, cuando son incompatibles, aunque en la parte expositiva de la ordenanza anulada se reconocía que la actividad de pisos turísticos es de carácter económico», explican estos colectivos.  

Según los datos del Registro Municipal de Viviendas de Uso Turístico, hay en Donostia 1.272 pisos destinados a tal uso, de los cuales 559 (43,9%) están por encima de la primera planta. Por barrios, entre el Centro y Gros suman más de la mitad. con 152 (27,2%) y 150 (26,8%) respectivamente. Les siguen Amara Berri con 62 (11,1%), Alde Zaharra con 48 (8,6%) y el Antiguo con 45 (8,1%). Además hay también 67 habitaciones ofertadas como turísticas en viviendas superiores a una primera planta.

Las asociaciones de vecinos y colectivos firmantes remarcan que «los pisos turísticos agravan la emergencia habitacional y el problema de la vivienda en la ciudad», ya que «tienen una clara incidencia en el mercado del alquiler de viviendas habitables».

Crisis por la pandemia

Además, denuncian que, ante la caída del sector turístico durante la pandemia, más de un centenar de estas viviendas se han pasado al mercado del alquiler de manera fraudulenta, manteniendo al mismo tiempo su licencia turística para cuando regresen las vacas gordas. Estas prácticas «son uno de los factores que hacen que muchos donostiarras no puedan vivir en su ciudad y que sean expulsados a otros pueblos».

Por ello, reclaman que no se modifique el PGOU para permitir el alquiler turístico en pisos situados a partir de la primera planta y que el alquiler de vivienda turística se regule como una actividad terciaria de carácter económico. Asimismo, demandan que se cuantifiquen los criterios por los que un barrio es considerado zona saturada.

Todos estos grupos llaman a manifestarse el próximo 22 de mayo para «denunciar la emergencia habitacional y reivindicar el derecho a la vivienda», porque «vivimos en una ciudad en la que existe el riesgo de desahucios, los ataques de fondos buitres, la expulsión de los jóvenes, el encarecimiento de los precios del alquiler y miles de solicitantes de viviendas de protección pública».

Cambios en el PGOU

La Junta de Gobierno de Donostia ha aprobado precisamente en su reunión de este martes tres aspectos del PGOU. En primer lugar se modifica el tamaño mínimo promedio de la vivienda por zonas urbanísticas de la ciudad, lo que afecta a la posible segregación de viviendas.

Asimismo, se autoriza que hasta un 10% de la superficie construida pueda ser destinada a balcón o terraza, sin que estos vuelos computen como edificabilidad urbanística de la vivienda.

Y en tercer lugar se «endurecen» las condiciones para sustituir edificios de viviendas por hoteles, una circunstancia que se ha dado frecuentemente en los últimos tiempos en la capital guipuzcoana. A partir de ahora se pedirá la presentación de un Plan Especial para poder llevar a cabo dicha transformación, y además se establece «que el uso hotelero no pueda ser superior al 25% de la superficie destinada a uso terciario en cada ámbito».