El pasado 29 de setiembre el Boletín Oficial del Registro Mercantil(BORNE) publicó la liquidación de Verter Recycling, la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar, cuyo derrumbe, ocurrido en febrero de 2020, costó la vida a Alberto Sololuze y Joaquin Beltran.

El BORME da cuenta del cese como administradoras solidarias de Arrate Bilbao Barinaga y Elena Susaeta Barinaga, que el 21 de setiembre se convirtieron en liquidadoras solidarias.

Así, serán ellas las encargadas de concluir las operaciones pendientes y realizar las necesarias para la liquidación de Verter Recycling, tal como establece el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Cabe señalar que Bilbao y Susaeta son sobrinas de José Ignacio Barinaga, fundador de la empresa y máximo responsable de la misma cuando tuvo lugar una catástrofe, que ha dado pie a dos procesos judiciales: uno por la muerte de los dos trabajadores y otro por delitos medioambientales.

El primero está más avanzado, y el mes pasado se conoció un acuerdo entre los tres acusados –José Ignacio Barinaga, la propia Arrate Bilbao y el ingeniero jefe, Juan Elosegui– y las familias de las víctimas.

A falta de que el mismo sea ratificado en sede judicial, los acusados, la Fiscalía y los allegados de Beltrán y Sololuze han acordado una pena de seis meses de prisión por «homicidio imprudente», evitando el ingreso en prisión.

El segundo proceso, relacionado con la afección medioambiental, continúa en fase de instrucción. Ejercen la acusación Ekologistak Martxan y otras dos asociaciones ambientalistas, así como los ayuntamientos de Zaldibar, Elgeta, Eibar y Ermua, la sociedad Interbiak y los familiares de uno de los fallecidos.

¿Quién pagará los trabajos?

El Gobierno de Gasteiz dio por concluidos el pasado 31 de agosto los trabajos de estabilización y adecuación del vertedero de Zaldibar, 18 meses después del derrumbe, sin localizar los restos de Beltrán.

Estos trabajos han supuesto un alto coste, de más de 26 millones, según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de junio. A los que se deben sumar los 3 millones gastados por la Diputación de Bizkaia para subsanar los desperfectos en la AP-8.

«Hemos puesto todos los medios, no hemos escatimado nada», señaló el pasado mes de mayo la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que incidió en que Lakua actuó «de modo subsidiario».

Afirmó que «será la empresa Verter Recycling la encargada de finalizar las labores», en alusión al sellado; y advritió de que «en principio» se tratará de que Verter Recycling asuma el gasto público en la búsqueda.

Ahora está por ver cómo afecta la liquidación a este proceso, aunque el Tribunal Supremo estableció hace cuatro años que una sociedad mantiene su personalidad para las reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, como son las deudas posteriores a la disolución.