El Congreso de los Diputados de Madrid ha aprobado este jueves tarde la doble reforma que rebaja los delitos de malversación y sedición y abre la puerta a la renovación judicial bloqueada por la derecha. Lo ha hecho en una sesión muy tensa, con boicot de PP y Cs a la votación, y tras unas horas en que el Tribunal Constitucional controlado por esa misma derecha ha llegado a amenazar con vetarla. Finalmente no ha llegado a ello, lo que habría abierto una pugna institucional de gran calado y con probable repercusión internacional, pero anuncia que seguirá evaluando la situación el lunes, por lo que aún puede intentar actuar contra esta reforma en marcha.

Cronológicamente, el primer asalto ha sido por la mañana en el máximo tribunal español, que mantiene el dominio de la derecha por la resistencia a renovar los cargos caducados. El PP había reclamado ahí la suspensión «cautelarísima» de la votación del Congreso, en una medida que hubiera resultado inusitada y reflejado un choque de trenes entre el Poder Judicial y el legislativo. Desde Unidas Podemos han llegado a hablar de «golpistas con toga».

La reunión estaba prevista a las 10.00 y no ha empezado hasta las 13.00. Una hora y media después, el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, ha acordado –a petición de los cinco magistrados «progresistas»– aplazar al próximo lunes el debate. Los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez han solicitado en un escrito «el tiempo indispensable» para llevar a cabo un «estudio completo» del recurso del PP y de los escritos de respuesta introducidos en las últimas horas por PSOE, Unidas Podemos (UP) y Vox.

Intento de boicot en el Congreso

Con ello quedaba despejada de momento la colisión institucional, pero no la del Congreso, donde la derecha ha jugado también muy duro contra la reforma. Vox ha forzado su salida del Pleno y también Cs ha declinado participar en la votación a la espera de lo que pueda determinar el Constitucional. PP, Vox y Cs habían instado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a no celebrar la votación hasta que decida el TC.

En el caso de que se diera la razón al PP, se daría la circunstancia de que jueces que tienen su mandato caducado impiden además que se apruebe la reforma para corregir la situación.

Desde la tribuna, el PSOE ha comparado el recurso del PP con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, a lo que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha respondido que esa asonada se dio ante un Gobierno de centro-derecha presidido por Adolfo Suárez.

En el debate del Congreso, el diputado del PSOE Felipe Sicilia ha saludado que «no han conseguido [dar ese golpe] porque nuestra democracia es fuerte y sólida».

Sobre el contenido de esta reforma del Código Penal en concreto, al margen de la parte de la reforma judicial las tres fuerzas de la derecha española han coincidido en asegurar que está hecha «a la carta» para finiquitar la represión a los líderes independentistas catalanes. Y entre otras «perlas», la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha dicho que con ella el Gobierno español «declara ‘de facto’ la independencia de Cataluña». En las últimas semanas ya es muy evidente que estas fuerzas intentan utilizar este tema como «casus belli» para intentar forzar el fin anticipado de la legislatura. Como ejemplo, las intervenciones en la cena navideña del PP de Madrid recogidas en este artículo de Daniel Galvalizi.

En ausencia de PP y Cs, la votación ha deparado un resultado contundente: 184 síes, 64 noes y una abstención.

PNV y EH Bildu

Desde el PNV, Aitor Esteban ha considerado que el detonante de esta jornada caótica ha sido «la inaceptable postura de bloqueo continuo de los órganos constitucionales por parte del PP». Le ha reprochado además que se esté tomando este tema «como si se acabara el mundo» sin entrar a valorar la necesidad de eliminar la sedición y modificar la malversación, que ha defendido en ambos casos.

A su juicio, si hubiese decaído la reforma del Código Penal y el cambio de mayorías en el Constitucional se podría haber montado una «zapatiesta considerable», al poner en cuestión «absolutamente todo».

Por parte de EH Bildu, Jon Iñarritu ha considerado que «los sectores ultras atrincherados en los poderes del Estado» intentan «ganar en los tribunales lo que no pueden ganar con votos». Su conclusión es que «hay que desactivar democráticamente el Estado profundo».

Respecto a la reforma aprobada, «hoy hemos dado un paso para desjudicializar un conflicto político y sacar del TC a los que hace tiempo debían haberlo abandonado», ha considerado, pero sin ocultar que «se ha producido el hecho más grave en términos democráticos desde el 23-F en este Congreso. Hoy los golpes de estados de nueva generación no se dan con armas, sino con lawfare y tribunales controlados políticamente como hace la derecha».

[HABRÁ AMPLIACIÓN]