Fue una travesía con olas de hasta tres metros que arrancó en alguna playa libia, sobre un bote sin posibilidades y a las puertas del invierno. El pasado 11 de diciembre, los últimos 500 migrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo desembarcaban exhaustos pero aliviados en el sur de Italia. Habían sido recogidos por sendos barcos de rescate humanitario operados por las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Humanity.

La respuesta a la emergencia humanitaria en el Mediterráneo Central es uno de los desafíos para el nuevo Gobierno de ultraderecha italiano liderado por Giorgia Meloni, su primera ministra. Precisamente, el pasado mes de noviembre estalló una grave crisis diplomática entre Roma y París, tras impedir Italia el desembarco del Ocean Viking y derivarlo al puerto de Tolón (sur de Francia). Roma exigía al barco operado por la ONG francoalemana SOS Mediterranée un desembarco selectivo del pasaje «vulnerable», un requisito que esta se negó a cumplir antes de enfilar hacia el Estado francés.

Mientras tanto, el Geo Barents (Médicos Sin Fronteras) se plantó desde el puerto de Catania. En un principio, las autoridades italianas sólo permitían el desembarco de 357 personas, dejando a 215 a bordo pendientes de un debate político y una decisión ilegal que les impedía recibir asistencia. Tras un pulso que duró tres días, la oenegé y consiguió que todos los migrantes bajaran a tierra.

«El desembarco selectivo no tiene ningún marco normativo, no es más que un nuevo intento de bloquear a las oenegés», asegura desde Roma, vía telefónica, Juan Matías Gil, jefe de misión de búsqueda y rescate de MSF para Italia. Sin embargo, el pasado día 11 todos los rescatados pisaron tierra sin obstáculo administrativo de ninguna clase. La reciente crisis con Francia, dice Gil, puede ser una de las razones tras la moderación italiana. O no: el ministerio del Interior italiano apuntaba a la inminencia de un temporal y a la «necesidad de no saturar los centros de acogida»; no ha habido, insistían, un cambio en las políticas de Roma.

La ley

Desde 2017, dos años después de echarse a la mar, la flota de rescate humanitario se ha topado con un adversario feroz en todos y cada uno de los sucesivos gobiernos italianos. Puertos cerrados, barcos requisados, procesos judiciales… Roma ha hecho uso de todas las herramientas a su alcance para bloquear a una flota que hoy cuenta con nueve barcos operados por distintas oenegés.

«Con el Gobierno de Mario Draghi (anterior al actual) ya asistimos a un adelanto de esas políticas que hoy suscribe Meloni, pero apenas se hablaba de ello», explica Gil. «Ya entonces podíamos pasarnos hasta diez o doce días esperando a conseguir puerto seguro», recuerda este argentino residente en Roma.

Datos de Acnur actualizados el 4 de diciembre apuntan a que más de 94.000 personas han llegado a Italia por mar en 2022. La mayoría parten desde algún punto de Libia, casi siempre en embarcaciones precarias fletadas por las mafias del tráfico de personas.

Si bien la legislación internacional exige la concesión de un puerto seguro a la mayor brevedad posible a todo buque con personas vulnerables a bordo, la flota de rescate se enfrenta a esperas que pueden superar las dos semanas.

Gil lo interpreta como un ingrediente más dentro de una campaña contra la flota de rescate. Habla de dos ejes: «Por una parte, está el uso de recursos sin base legal como el del desembarco selectivo. Hacernos ir a hasta Francia o España implica triplicar las distancias y reducir drásticamente el tiempo que pasamos en la zona de rescate», señala Gil. También apunta a una «criminalización» de las oenegés por parte del Gobierno italiano. Se les acusa de connivencia con las mafias del tráfico, e incluso de provocar un «efecto llamada», cuando, recuerda, la flota en su conjunto solo es responsable del 14% de los desembarcos en Italia, según el Instituto Italiano para Estudios Políticos Internacionales. «Más allá de los números, lo que escuece en Roma es que visibilicemos el problema, eso es todo», zanja el argentino.

La trampa

Que la inmensa mayoría de los rescatados salga de Libia se debe a la inestabilidad provocada por la ausencia de un gobierno estable desde la guerra de 2011. Dos ejecutivos rivales -uno reconocido por la ONU y bajo control turco y otro respaldado por Egipto y Arabia Saudí- se disputan el control del país desde 2014, algo que ha contribuido a un vacío de poder en el que las mafias del tráfico operan no solo sin ser molestadas, sino a menudo en colaboración con sendas administraciones.

En aras de contener el flujo migratorio, Europa empezó a entrenar y equipar a una flota de los guardacostas libios en 2016. Es un contingente al que se acusa de ejercer la violencia contra los migrantes, e incluso de actuar en connivencia con las mafias del tráfico. Asimismo, numerosas oenegés han denunciado que muchos migrantes devueltos a tierra acaban siendo víctimas de todo tipo de abusos en los mismos centros de detención libios gestionados por los dos gobiernos libios.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 25.000 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo desde 2014. Mientras la frontera sur de la Unión Europea se convierte en una enorme fosa común, la flota de rescate humanitario se enfrenta a obstáculos de todo tipo para evitarlo. Como las inspecciones draconianas por parte de la Guardia Costera italiana, esas que pueden bloquear barcos en puerto durante meses. Con un antiguo atunero, el Aita Mari, reconvertido en buque de recate, la oenegé vasca Salvamento Marítimo Humanitario lo sabe de primera mano.

Lo explica Iñigo Mijangos, su coordinador, desde el puerto castellonense de Vinarós. «Solo que falte un extintor puede repercutir en la calificación de toda la flota mercante española que realiza travesías internacionales», explica este vizcaíno de 53 años. «Al hacerse el cómputo total de forma trianual, hemos aplazado la próxima misión hasta el próximo enero, nada más comenzado el nuevo año», añade. No queda otra que pasar las inspecciones de la Dirección General de Marina Mercante Española antes de salir, en prevención de las que les harán después en Italia.

Pero el tiro sale a veces por la culata. El que fuera ministro del Interior italiano entre junio del 2018 y septiembre del 2019, Matteo Salvini, tiene un proceso judicial abierto tras impedir durante 19 días el desembarco de un centenar de migrantes rescatados por la oenegé catalana Open Arms. Salvini se enfrenta a 15 años de prisión en un proceso que arrancó en noviembre de 2021, pero que sufre constantes retrasos por la acción de su defensa. Además, el que fuera su mano derecha, Matteo Piantedosi, es hoy el ministro del Interior de Meloni.

Desde el puerto de Barcelona, David Lladó, jefe de Misión y Rescate de Open Arms, ultima los preparativos junto a su tripulación ultima los preparativos para zarpar rumbo al Mediterráneo central el próximo 24 de diciembre.

«Contamos con los retrasos en concedernos puerto, por lo que esta vez llevamos comida para treinta días y trescientas personas. No sabemos cuánto tiempo nos tendrán en espera», dice este mallorquín de 38 años. La demora se dilata aún más cuando los rescates se realizan en aguas jurisdiccionales maltesas. Lladó recuerda que La Valeta ignora el derecho a no devolución de los migrantes, y que raramente permite el desembarco de los buques de rescate (la última vez fue en julio de 2020). Pero el protocolo obliga a intentarlo primero con la isla antes de contactar con Roma.

«Es como un juego tramposo en el que los que mandan cambian las reglas según avanza la partida», dice Lladó. «En el mar, en tierra, en los juzgados… Nunca sabes qué será lo siguiente, pero sí que no puedes quedarte a esperar en puerto».