El Consejo de Seguridad de la ONU exige el «fin inmediato de todas las formas de violencia en el país» y pide «contención y desescalada de las tensiones» en Myanmar

La resolución, impulsada por Gran Bretaña, antigua potencia colonial, pide la liberación de todos los presos políticos, incluida la antigua líder ‘de facto’ del país Aung San Suu Kyi, y el expresidente Win Myint, detenidos tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

El texto, que salió adelante con doce votos a favor y tres abstenciones, exige que cesen los ataques contra civiles y la infraestructura civil, que se respeten los derechos humanos y la rendición de cuentas de quienes los violan, así como el acceso humanitario «pleno y sin trabas» a la población necesitada.

La resolución fue votada por 12 países. Además de india, China y Rusia, que hasta ahora amenazaban con su poder de veto, se abstuvieron.

Aunque el Consejo de Seguridad había adoptado varias declaraciones de menor peso sobre Myanmar desde el golpe de Estado militar, esta es la primera resolución que aprueba el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.

Largas negociaciones

La resolución fue objeto de largas negociaciones para tratar de encontrar un lenguaje aceptable para todos los miembros del Consejo de Seguridad y, sobre todo, evitar un posible veto de China o Rusia, las potencias más próximas a la Junta militar birmana.

Así, el texto evita condenar el golpe de Estado o exigir expresamente a los militares un proceso de transición.

Lo que sí hace es apoyar las gestiones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, a la que pertenece Myanmar), que el año pasado acordó con los militares un plan de cinco puntos que incluye el cese de la violencia, el inicio de negociaciones y la mediación de un enviado especial del grupo, un plan que hasta ahora no ha logrado demasiados resultados.

La resolución urge a la junta militar birmana a tomar «medidas inmediatas» para el cumplimiento de la 'hoja de ruta' de la ASEAN. En esa línea, llama a respetar «las instituciones y procesos democráticos y a buscar diálogos constructivos y reconciliación».

China y Rusia  

La delegación china ha justificado su abstención en un texto «poco equilibrado» e insiste en pedir cautela, pues la crisis no tiene «una solución externa», sino que depende «en exclusiva de los birmanos».

Rusia, que ha sido criticada por Occidente por su respaldo y suministro de armas a los militares birmanos, ha defendido la gestión de la Junta y acusa a los promotores del texto de tratar de impulsar una «agenda politizada» contra Myanmar y de buscar «desestabilizar» el país.

Punto de partida

Para la organización Human Rights Watch (HRW), la resolución supone un punto de partida para reforzar la presión sobre la Junta militar y muestra la pérdida de apoyo de las autoridades golpistas.

«Las abstenciones de China y Rusia indican que incluso los pocos amigos de la junta han perdido interés en dar la cara para defender sus atrocidades», ha destacado el director de HRW para Naciones Unidas, Louis Charbonneau.

Coinciden en ello Amnistía Internacional (AI), que ha saludado un «pequeño, pero importante paso», aunque, en palabras de su secretaria general, Agnes Callamard, ha exigido un «embargo de armas integral, incluido el combustible de aviación y sanciones específicas contra los mandos militares» birmanos.

Por contra, la oenegé birmana Progressive Voice se ha mostrado «decepcionada» y ha exigido «una acción decisiva por parte del Consejo, no más retórica vacía».

Más contemporizador, el Gobierno alternativo de Myanmar, formado por políticos y activistas prodemocráticos contrarios a la junta militar, agradece la resolución y urge a que se actúe para restaurar la democracia en el país asiático.

El llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), leal a Suu Kyi y que se proclama el gobierno legítimo de Myanmar, ha recordado, eso sí, que «se necesita una acción decisiva por parte del Consejo de Seguridad para salvar vidas del pueblo birmano y evitar una mayor desestabilización de la región».

Los militares mantienen a Myanmar sumida en un profundo caos político, económico y social que ha exacerbado los conflictos armados que el país padece desde hace décadas.

Al menos 2.639 personas han muerto desde el golpe de Estado por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.000 permanecen detenidas, según datos de la oenegé birmana Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos.