Pese a que solo les está autorizado llevar a cabo servicios interurbanos, Uber está realizando otros de tipo urbano «de manera residual» en once municipios de Gipuzkoa, tal y como ha detectado la Diputación Foral de dicho territorio, a través del registro del Ministerio de Transportes.

Así lo ha detallado la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, en la comparecencia que ha ofrecido este martes en las Juntas Generales de dicho territorio para informar sobre la situación actual respecto de las VTCs y, en concreto, de la llegada de Uber a Donostia, cuyo Ayuntamiento ya limitó el servicio a solo trayectos interurbanos.

Pero, ante el incumplimiento reiterado de dicha orden, el Consistorio donostiarra envió requerimientos a Uber para que dejase de realizar este tipo de servicios, además de instar a la Diputación de Bizkaia para que sancionase infracciones similares cometidas en ese territorio.

Domínguez ha precisado que, en este mes y medio de actividad, la institución foral ha detectado en el registro que «se están dando servicios urbanos», además de en la capital guipuzcoana, en municipios como Errenteria, Hernani, Usurbil, Irun, Oiartzun, Lasarte-Oria, Lezo, o Pasaia.

Tal y como ha apuntado, la Diputación ha ofrecido a esas localidades formar a sus policías municipales para que puedan llevar a cabo inspecciones en la vía pública, «en el marco de sus competencias, tal y como se recoge en la Ley orgánica de transportes terrestres».

Domínguez ha incidido en que la Diputación de Gipuzkoa está en contacto en este ámbito, tanto con las diputaciones de Bizkaia y Araba, como con Lakua y el Ministerio de Transportes. Además, ha mantenido distintas conversaciones con el sector del taxi del territorio. «No nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que hemos actuado desde el primer día», ha enfatizado.

Aplicar la legislación

La diputada ha reiterado que las licencias otorgadas por los territorios históricos permiten a estas VTC realizar trayectos interurbanos dentro de la CAV «sin excepciones» y, por lo tanto, «sí cumplen con los parámetros legales para dar el servicio interurbano».

«La Diputación ha aplicado y sigue aplicando escrupulosamente la legislación vigente de carácter estatal, también a la hora de valorar las solicitudes que se están presentando en el territorio», ha defendido.

En esa línea, ha insistido en que están informando a los ayuntamientos de estos trayectos y «ofreciéndoles también la pertinente formación a sus policías locales, y que nuestros inspectores puedan colaborar también en esta inspección con las policías municipales». A su juicio, «la coordinación y colaboración institucional son fundamentales para poder abordar esta cuestión que se genera en los trayectos urbanos».

«Entendemos la gestión política desde la colaboración institucional y creemos, además, que ante este nuevo escenario de movilidad que se nos ha abierto en el territorio, este es el camino que debemos escoger y es importante también ceñirnos a las vías oficiales para dirigirnos al resto de instituciones y seguir actuando desde el rigor y desde la seguridad jurídica», ha afirmado, al tiempo que ha remarcado que «esto no es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de que cumplamos con la ley».