Para sorpresa de nadie, la pregunta parlamentaria de Vox sobre el origen de los detenidos e investigados por la Ertzaintza ha acabado con alarmantes titulares en periódicos como los del grupo Vocento, donde se ha destacado que el 61% de los detenidos por la Ertzaintza en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el año pasado son extranjeros –entendiendo por locales a todos los nacidos en el Estado español–. Tampoco cabe hacerse el sorprendido porque el titular haya circulado con fruición por redes sociales.

Los datos trasladados por la Consejería de Seguridad al Parlamento de Gasteiz, sin embargo, ofrecen titulares más adaptados a la realidad, a nada que se haga un pequeño esfuerzo por retirar un poco de racismo de la ecuación.

Por ejemplo, es cierto que el 61% de los detenidos son nacidos fuera del Estado español. ¿Significa eso que todos los detenidos son culpables y han sido condenados? No lo sabemos, sería de agradecer que la Ertzaintza hiciera público también el seguimiento del resultado judicial de sus detenciones. Lo que sí sabemos, en cualquier caso, es que el panorama cambia mucho si en vez de poner el foco en los detenidos, lo ponemos en los investigados, antes conocidos como imputados. Es decir, personas a las que la Ertzaintza ha investigado y acusado por algún delito.

Mientras que las personas detenidas el año pasado fueron en total 9.222, las investigadas fueron 32.615. Y de ellas, el 42% son nacidas fuera del Estado español. Hay que tener muchas ganas de buscar el titular más criminalizador posible para obviar el salto que hay entre detenidos e investigados. Porque si de delitos hablamos, parece bastante más riguroso fijarse en la cifra de investigados que en la de detenidos. Pero claro, hay un salto considerable entre el 61% de los detenidos extranjeros y el 42% de los investigados extranjeros.

Tampoco hace falta ser especialmente perspicaz para darse cuenta de que algo falla en esta relación entre detenidos e investigados. Es cierto que no todos los detenidos son posteriormente investigados y juzgados, y resulta obvio que muchos investigados no han sido previamente detenidos. Sin embargo, si la acción policial fuera igual para todos, cabe entender que la relación entre imputados y arrestados debería ser similar para los nacidos dentro y fuera del Estado español. Pues no.

En 2025 fueron 3.567 los detenidos nacidos en el Estado español, y 18.716 los investigados, arrojando un saldo de 0,2 detenidos por investigado.

En el caso de los nacidos fuera del Estado español, por contra, los detenidos fueron 5.654, mientras que los investigados se quedaron en 13.874. Es decir, 0,4 detenidos por cada investigado.

En resumidas cuentas, de los datos cabe deducir que una persona sospechosa de haber cometido un delito tiene el doble de posibilidades de ser detenido si ha nacido en el extranjero. Estos datos no hablan tanto de la predisposición de los extranjeros a delinquir, como del doble rasero con el que a menudo opera la policía.

La mitad de renta

Más allá de los datos desnudos que ofrece la Consejería, y con los cuales cada quien alimenta el relato que le interesa, está el contexto en el que se producen los delitos y las detenciones. Y aquí es trabajo de cada quien decidir si cree que los extranjeros tienen alguna naturaleza malévola innata que los empuja a delinquir, o si por el contrario son las circunstancias y las necesidades concretas las que facilitan que, en un momento dado, una persona decida delinquir, más allá de cuál sea su lugar de nacimiento.

Para quienes todavía duden, y sin entrar en análisis más sesudos, una rápida búsqueda en el banco de datos de Eustat ofrece cifras clarificadoras. La renta personal media de la CAV en 2023 fue de 26.271 euros. Para los habitantes nacidos fuera del Estado español, sin embargo, se desplomó hasta los 12.456 euros. No llegan ni a la mitad de la media.