Los ministros de Economía del Estado español, Alemania, Italia, Portugal y Austria solicitaron por carta a la Unión Europea el pasado mes de abril el implemento de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en respuesta al aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán. 

Tal y como detalló Carlos Cuerpo, ministro de Economía del Estado español, se trata de «explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes». 

Esta iniciativa ha sido abordada este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una interpelación de EH Bildu, cuya juntera Arantza Sarasola ha lamentado que las medidas fiscales puestas en marcha frente a la «enésima crisis energética», provocada por el conflicto en Oriente Medio, se han diseñado con las «gafas de cerca», son «meramente coyunturales» y de «carácter paliativo», en lugar de estar orientadas a «estar bien preparados ante lo que pueda ocurrir».

La diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha considerado que «cualquier propuesta fiscal extraordinaria sobre el sector energético debe abordarse con cautela» y, en este sentido, ha defendido que, si se incorpora finalmente un impuesto sobre beneficios extraordinarios en Europa, debe plantear «condiciones muy estrictas» para no «dañar» la inversión ni «penalizar» la reinversión en transición energética.

EH Bildu: «Se debe exigir más»

Desde EH Bildu han criticado que se debe «exigir más» en alusión a las empresas energéticas, ya que el paquete de medidas se centra en las empresas y «olvida» la repercusión de la crisis en las familias y prioriza una «ceguera» ante el incremento «exponencial» de beneficios en el contexto de la crisis en «sectores concretos». 

Además, desde la coalición soberanista han indicado que el planteamiento es «muy adecuado y necesario». 

En su respuesta, Itxaso Berrojalbiz ha defendido una «fiscalidad útil, inteligente y coherente con grandes retos» y ha precisado que el debate no es «solo sobre un impuesto», sino «sobre qué señales se quiere enviar a la economía, qué prioridades se quieren establecer desde las instituciones y qué modelo de futuro se quiere construir» para Bizkaia en «un contexto especialmente exigente».

En ese escenario, ha subrayado, «la política fiscal no puede limitarse a ser una herramienta neutra de recaudación, tiene que ser una palanca de orientación económica, tiene que ayudar a ordenar prioridades, a movilizar inversiones, a proteger a la ciudadanía y a reforzar el tejido productivo».

A su entender, se deben evitar «medidas que en términos agregados puedan traducirse en una penalización fiscal generalizada que acabe desincentivando la inversión necesaria para transformar el sistema energético, encareciendo la financiación e introduciendo señales contradictorias en un contexto de fuerte necesidad inversora».

En este sentido, ha puntualizado que «Bizkaia no parte de cero» porque su Impuesto sobre Sociedades «ya contempla instrumentos tanto para incentivar inversiones estratégicas como para gravar incrementos extraordinarios de resultados bajo determinadas condiciones».

En esta línea, ha defendido que si se planteara finalmente un gravamen europeo de beneficios extraordinarios «debería incorporar condiciones muy estrictas: una temporalidad real y claramente delimitada, una coordinación suficiente para evitar doble imposición y distorsiones, y una evaluación rigurosa del impacto sobre la inversión y, sobre todo, un diseño que no penalice la reinversión en renovables, en redes, almacenamiento y eficiencia».

Rechazo a otro impuesto anterior

Siguiendo esa misma línea, el PNV rechazó otro impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas, junto a Junts, que votó en contra de todos los decretos en el Congreso de los Diputados del Estado español. Con ello cumplieron el deseo expresado por Iberdrola o Repsol y se sumaron a la negativa de este impuesto junto a PP y Vox.

Idoia Sagastizabal, diputada del PNV en Madrid, argumentó su rechazo a la propuesta de EH Bildu, ERC y Podemos considerando que «no era realmente un impuesto a beneficios extraordinarios, sino que gravan más que eso». Sagastizabal también preguntó irónicamente «por qué solo a este sector y no a distribución o farmacéuticas, que también tienen muchos beneficios».

Esta vez, ante un eventual impuesto europeo, han pedido «prudencia, evaluación rigurosa del impacto, coordinación y preferencia por diseños que no dañen la inversión ni penalicen la reinversión en transición energética».