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Empiezan a declarar las empresas acusadas de pagar a Montoro para cambiar la ley

La gasística Messer ha asegurado ante el juez instructor que sus representantes acudieron al despacho fundado por el exministro sólo para pedir asesoramiento, porque consideraban que había leyes con apartados interpretables.

El exministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El exministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Ricardo RUBIO | FOKU)

La representación legal de la gasística Messer, investigada en el ‘caso Montoro’, ha asegurado ante el juez instructor que acudieron al despacho de la firma Equipo Económico, confundada por el exministro cuando no estaba en política, sólo para pedir asesoramiento, porque consideraban que había leyes que no estaban claras.

El juez de Tarragona que investiga la causa, Rubén Rus, ha iniciado así las declaraciones de las empresas investigadas por recibir presuntamente favores fiscales a través de leyes impulsadas por el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro, ahora imputado, con la mediación del despacho Equipo Económico, del que el exministro asegura que se desvinculó al regresar a la política.

La representación de Messer, que ha contestado únicamente a preguntas de su defensa, ha manifestado que ellos se limitaron a pedir asesoramiento, al entender que había apartados interpretables. También ha comparecido ante el juez como investigado Karl Hauck, por su papel como director general de Messer, si bien se ha acogido a su derecho a no declarar.

Esta empresa ha sido la primera citada a declarar en la causa, mientras que se prevé que Air Liquide y Praxair lo hagan el 19 de junio, y que Carburos Metálicos lo haga el 22 de junio.

A principios de mes, Eduardo Gil y Jacobina Escámez --exdirectivos de la gasística Praxair y los primeros investigados en comparecer ante el juez-- también optaron por no declarar, alegando que están pendientes de resolverse recursos, como los que cuestionan la competencia del instructor.

En la causa están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.