No fueron solo vacunas hexavalentes, como se dijo inicialmente, sino de muchos tipos, como se acabó reconociendo finalmente. Pero la Fiscalía Superior de la CAV ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas tras una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente el pasado mes de enero por la administración de vacunas caducadas en distintos centros de salud de Osakidetza. El auto, firmado el pasado 21 de mayo por la fiscal superior Carmen Adán del Río, concluye que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal.

Sin embargo, el auto sí que constata algunas de las denuncias que se hicieron desde que trascendió lo ocurrido. Por un lado, que no se trataba de un hecho aislado. La Fiscalía determina que «el hecho de que las vacunas de lotes caducados fueron administradas en varios centros de salud pertenecientes a diferentes OSI apoya la versión de una cuestión estructural concatenada que inicialmente generó una situación de desprotección inicial de salud por exposición a los virus y enfermedades que las vacunas contrarrestan».

SE PARALIZÓ LA REVACUNACIÓN

Además, Carmen Adán del Río refleja en su auto que desde que se conocieron las vacunaciones caducadas el 15 de enero, el laboratorio recomendó la revacunación, y al poco «desde la Dirección de Salud Pública se elaboró un posicionamiento técnico, por el cual se consideraba prioritario identificar los casos y revacunar cuanto antes, porque se trataba de lactantes y población de riesgo».

Añade que «sin embargo, indican también los testigos, que, aunque desde el punto de vista técnico no había riesgo para la salud por razón de la revacunación, por indicación superior se pidieron otras valoraciones, paralizando la revacunación a la espera de esas respuestas».

El auto de la Fiscalía recoge que «el director de Salud Pública, aclara en su declaración, que él solicito expresamente el día 20 de enero que se convocara al Consejo Asesor de Vacunas, convocatoria que no fue bien recibida, que hubo bastante tensión, que no se quería que se convocara y que recibió reproches por haberlo pedido».

Es más, el escrito refleja que «en esta declaración, consta aportado por el testigo que el día 21 por la noche elaboró una propuesta de hoja de ruta en la que insiste en actuar de inmediato, vacunar cuanto antes, comunicar a las familias y coordinar Salud Pública, Osakidetza y Comunicación, incluso la necesidad de un gabinete de crisis. Hoja de ruta que no se acepta».

Este diario ya publicó en febrero que después de descubrirse los primeros caso el 15 de enero en el ambulatorio de Iztieta, el 19 y 20 de se contactó con las familias y se citó para la revacunación a al menos un par de casos. Pero el 21 llegó la bronca y la orden de paralizarlo todo. A algún profesional se le pidió, además, que guardara silencio.

MINIMIZAR LA TRASCENDENCIA

Cabe recordar que en esas fechas la crisis de las vacunas caducadas era desconocida para la mayoría de la población y no es descabellado pensar que la cúpula del Departamento de Salud intentaba que pasara lo más desapercibido posible, lo que no parecía compatible con un llamamiento a revacunar a cientos de bebés y a otras personas.

No fue hasta el 27 de enero, después de que EH Bildu registrara una iniciativa parlamentaria sobre lo ocurrido, cuando Osakidetza y el Gobierno empezaron a dar explicaciones sobre lo ocurrido, que en ocasiones fueron contradictorias, y las medidas a adoptar, que también fueron cambiantes.

SIN DELITO

Frente a la denuncia interpuesta por El Defensor del Paciente, la Fiscalía ve que «sí existió una situación de riesgo derivada de la posible pérdida de eficacia de las dosis administradas», pero que «esa circunstancia, por sí sola, no basta para superar el umbral de relevancia penal mientras no se demuestre un perjuicio efectivo».

En todo caso, el auto fiscal también recoge que «en la documentación recibida (de Salud), algunas de las comunicaciones son incompletas o aparecen con medio folio en blanco rompiendo la trazabilidad de los correos».