No es fácil informar sobre la operación que está liderando la UCO contra el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. Todo lo que sabemos proviene de filtraciones policiales y judiciales en las que se apuntala un relato sin apenas ofrecer datos. Incluso los datos que se ofrecen son discutibles, en unos casos por especulativos, en otros por ridículos. Lo que está claro es que, siguiendo la consigna de José María Aznar, el que puede hacer está haciendo.

La presión crece y alcanza a los socios

La UCO señala ahora al PNV a cuenta del rescate de Tubos Reunidos. Lo que están investigando son redes clientelares, que siempre juegan al borde de la legalidad. Bajo la doctrina de la cooperación público-privada, esas redes engrasan el funcionamiento las administraciones vascas.

Ese señalamiento, que por ahora no lleva nombres y apellidos, supone una amenaza para un partido como el PNV. Sus exdirigentes trabajan como asesores para consultoras que justifican su contratación en sus agendas, u organizan lobbies financiados por grandes corporaciones, como en el caso del lehendakari Iñigo Urkullu. No están para ponerse exquisitos con, por ejemplo, las gestiones y los cobros declarados por José Luis Rodríguez Zapatero.

Incluso la recuperación del término «fontanera» para denominar lo que hacía Leire Díez retrotrae a otros tiempos, cuando los conseguidores jeltzales eran llamados así.

Pese a que esta semana ha vuelto a blindar su pacto con el PSE con la foto entre Eneko Andueza y Aitor Esteban, el PNV sigue pidiendo adelanto electoral en el Estado. Ahora bien, las encuestas indican que sus bases no lo entienden.

La UCO también ha señalado al PSC. En clave electoral, Pedro Sánchez se juega en gran medida su futuro en Catalunya. Si el PSC se hunde, sus opciones se habrán esfumado.

Visiones en liza

Hay dos marcos que compiten para explicar lo que está pasando. Por un lado, la derecha y sus estructuras de poder sostienen que el principal problema del Estado español es la corrupción, protagonizada en este momento por el «sanchismo». La prioridad es, por lo tanto, echarlos.

Por otro lado, la sucesión organizada de maniobras por parte de la Guardia Civil, la judicatura y medios de la derecha tienen el objetivo de disciplinar al PSOE. Está claro que buscan dar un golpe blando y poner a PP y Vox al mando.

Arnaldo Otegi es, seguramente, el que más claramente ha denunciado el contexto político de esta operación. Por supuesto, sin poner la mano en el fuego por el PSOE, que tiene una raíz corrupta y fue quien patentó este tipo de operaciones, como hizo Alfredo Pérez Rubalcaba precisamente contra Otegi y otros muchos. Más allá del líder vasco, ni las propias víctimas de esta estrategia son capaces de articular en alto un discurso claro sobre el lawfare. Eso hace que sus aliados tampoco se esmeren en fijar un marco alternativo al de la corrupción.

Mientras los golpistas repiten a diario su relato y le dan color con nuevos registros, escándalos y filtraciones, otros intentan capear el acoso con frases preparadas como «hay que dejar investigar, confiar en la Justicia y defender la presunción de inocencia». Entre los detalles chabacanos de las intrigas de Díez, Ábalos o García y la crítica del momento procesal, el relato que cala es el casposo.

Además, ese discurso sobre la justicia y sus tiempos no tiene recorrido alguno cuando el Tribunal Supremo acaba de condenar sin pruebas a dos años de inhabilitación al fiscal general Álvaro García Ortiz, por delito de «revelación de secretos» por una filtración.

Economía circular de filtraciones 

En las grabaciones de Leire Díez que han transcendido estos días en medios como ‘‘La Vanguardia’’, la «fontanera» del PSOE promete cosas que luego parece no poder cumplir. Por ejemplo, le promete al capitán Juan Yepes, exmiembro de la UCO e imputado por revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, interceder por él ante la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Pero esa supuesta petición no ha tenido efecto alguno.

Según lo que ha transcendido del sumario, Díez también pidió que se investigaran las filtraciones que provendrían del entorno de la UCO. Es decir, filtraciones como las que podemos leer estos días. Eso tampoco sucedió, está claro.

Paradójicamente, los únicos delitos probados en las grabaciones que se conocen hasta el momento son los confesados por quienes formaron parte de la «Policía patriótica». Son la cúpula policial del PP y ese juicio por la operación Kitchen que está teniendo lugar estos mismos días en la Audiencia Nacional. Es llamativa la diferencia de atención mediática a un caso que se está juzgando ahora mismo basándose en pruebas y unos sumarios incipientes en los que las pruebas no acaban de aparecer -por ejemplo, el dinero-. El giro dado las últimas semanas por el Grupo Prisa contra el Gobierno español es tanto o más significativo que la ofensiva de los medios de la derecha.

Por supuesto, el caso de García Ortiz no ha generado doctrina. Nadie que haga filtraciones contra este Gobierno tiene nada que temer y todos lo saben. Los jueces cuyos sumarios se destapan de forma interesada no hacen nada al respecto, para empezar porque los investigados y los investigadores serían compañeros.

La corrupción realmente existente

En el Estado español la corrupción es endémica y se conoce su anatomía. Es decir, se sabe cómo ha operado en las últimas décadas. Lo demostró la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que determinó cómo grupos de constructoras y consultoras negociaban para repartirse los contratos públicos. El problema es que esa investigación solo supuso una ridícula multa que esas empresas tenían amortizada.

En este momento, si se quiere hablar de corrupción en el Estado español, el mayor escándalo es el protagonizado por el exministro de Hacienda del PP Esteban Montoro, que según un sumario adaptó las leyes a las demandas explícitas y literales de las empresas, utilizando para ello el despacho del que era socio.

Teoría de juegos amañada

La lealtad de los cargos del PSOE respecto a la Guardia Civil no es correspondida. La conjura que hicieron en su cruzada contra ETA y el independentismo vasco ha caducado.

Dejados atrás el franquismo y la represión y la tortura en el conflicto vasco, con el cambio político en Euskal Herria, el 15M, el proceso catalán y el leve giro del PSOE, se han puesto a prueba las credenciales democráticas de ese cuerpo policial. Para sorpresa de nadie, suspende. A la Guardia Civil no le basta con la impunidad, quiere retener su poder político. Así se atestigua en sus informes, donde intentan criminalizar lo que, a falta de pruebas, no dejan de ser estrategias políticas legítimas.

La UCO parece tener un botón parar destruir al PSOE y está dispuesta a usarlo. El PSOE tendría un botón para destruir a la UCO, sin tener que recurrir a chabacanas conspiraciones. Basta con hacer público el papel que jugaron en su paso por el cuartel de Intxaurrondo los sucesivos mandos de ese grupo, desde Manuel Sánchez Corbí hasta Antonio Balas.

La apuesta de la Guardia Civil es que ese botón nunca se va a activar. Hasta ahora, la historia les da la razón.

En esa línea, nombrar a Fernando Grande Marlaska como ministro de Interior le pudo parecer una de sus jugadas maestras, pero fue un error de Sánchez. No le ha servido de nada y siempre arrastrará ese tachón desde el punto de vista de los derechos humanos.

Trampas al solitario

Aun teniendo razón en casi todos los puntos de su último comunicado, Santos Cerdán sabe que el objetivo de esta operación no es «destrozar personas», sino salvaguardar la arquitectura política del Estado español y las estructuras de poder que lo sustentan. Es decir, la defensa de los intereses de la derecha española.

Para ello, hay que disciplinar al PSOE. Si eso supone acosar a sus familiares, no van a tener piedad, como se ha visto. El relato lo facilita una banda de intrigantes zafios y vividores corruptos. Y un sistema que ha hecho de la colocación, el sobresueldo, las prebendas, los chantajes y los privilegios el modus operandi común de la política española. La vasca no es indemne a su influjo.

A menudo se plantea que la estrategia de Pedro Sánchez es resistir, cuando lo que intenta es ganar tiempo. Cree que en ese periodo extra puede pasar de todo, incluidos giros de guion que le den ventaja donde ahora aparece rodeado.

Puede ocurrir, pero nada de eso será suficiente si no demanda un mandato democrático que tenga por banderas la regeneración democrática y la plurinacionalidad.

«El que pueda hacer, que haga» tiene un reverso: ¿qué harán quienes quieren combatir el golpismo? Quien piense que cuanto peor, mejor, se arrepentirá. Una oferta política alternativa se debe articular de forma autónoma y endógena en cada nación, siendo complementarias y buscando maximizar la eficacia. Es decir, haciendo política, que es sinónimo de tener poder, mucho más que de resistir.