Estos tiempos revueltos no hacen más que colocarle a uno en lugares extraños. Y algo incómodos, reconozcámoslo. Por ejemplo, ahora parece que toca defender, no sin dificultades ni contradicciones, la Unión Europea. La misma que ahogó en la miseria a los países del sur del continente durante la crisis de 2008 y la que acaba de aprobar un reglamento criminal que permite expulsar a migrantes a centros de detención de terceros países.

No es la Europa soñada, desde luego. Sin embargo, esto no es incompatible con reconocer el potencial de algunas iniciativas comunitarias. Ahora que ya es prácticamente un consenso transversal la necesidad de regular e intervenir la economía, no es del todo difícil entender que quien establece las normas para un mercado de 450 millones de habitantes tiene un poder que va mucho más allá de lo estrictamente económico.

Ejemplos. Pese a ser del todo insuficiente, la normativa medioambiental culminada con el Pacto Verde de la primera legislatura de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea suponía un pequeño avance hacia la descarbonización de la economía y la lucha contra la crisis climática, igual que las diferentes directivas sobre servicios digitales y protección de datos plantaron por primera vez cara a las grandes tecnológicas estadounidenses. No son cosas que un país europeo pueda llevar a cabo en solitario. Sin embargo, lo poco de lo que enorgullecerse como ciudadano de la UE está desapareciendo sin apenas enterarnos.

En Bruselas, las palabras de moda esta legislatura son «simplificar» y «desburocratizar», poco más que eufemismos tras los cuales se esconde una desregulación sin precedentes.

Bajo el pretexto de la simplificación y la desburocratización, y a través de paquetes legislativos llamados ómnibus –que mezclan en una misma votación cambios de leyes que nada tienen que ver entre sí–, el proyecto comunitario se está quedando en los huesos.

Para muestra, dos botones. Sin ir más lejos, estos días la Comisión Europea estudia una revisión a la baja del mercado europeo de carbono, que obliga a las empresas a pagar por derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En nombre de la competitividad, las empresas que más contaminan podrán pagar menos por ello, en detrimento de las empresas que durante las dos últimas décadas han hecho los deberes y han descarbonizado buena parte de su actividad.

Segundo botón. En dos semanas se aprobará un nuevo ómnibus en materia fiscal para simplificar las medidas que las empresas deben cumplir en materia fiscal. La otra cara de esta moneda es que se relajan notoriamente algunas medidas tomadas en su día para evitar escándalos de fraude fiscal como los Papeles de Panamá o los LuxLeaks. Tanto que en Bruselas ya bromean con que directivas contra el fraude como la Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) bien podría convertirse simplemente en TAD.

Alemania desoye a Draghi

El expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi debe estar dándose de cabezazos contra la pared al ver el cherry-picking que la Comisión Europea, con el impulso alemán a la cabeza, está haciendo con su informe sobre la competitividad europea. Cada quien coge lo que le interesa e ignora el resto. Todos lo alaban, nadie le hace caso.

El canciller alemán, Friedrich Merz, rozó la mala educación en la entrega del premio Carlomagno al propio Draghi, al que le vino a decir que está muy bien todo lo de la simplificación que propone en su informe, pero que puede esperar sentado la emisión de deuda conjunta para financiar el relanzamiento industrial de Europa –uno de los pilares de su glosado informe–.

En la práctica, supone el entierro de la propuesta del italiano, porque sin ese endeudamiento europeo resulta ficticio confiar en movilizar los 1,2 billones de euros que Europa necesita invertir anualmente –Draghi habló de entre 750 y 800 millones de euros, pero dos años después, todos dan por hecho que será mucho más lo necesario–.

Alemania se legitima en la defensa que Mario Draghi, en su glosado informe, hace de la simplificación burocrática. Berlín, sin embargo, ignora puntos centrales de la propuesta del italiano, como el endeudamiento común para financiar la reindustrialización europea.

Eso sí, como señala el investigador y profesor de Derecho y Política Europea Alberto Alemanno, el informe que el italiano elaboró por encargo de la propia Von der Leyen ha proporcionado una legitimidad que no tenía a todo lo que suene a desburocratizar, simplificar y desregular la UE. 

Merece la pena recoger la reflexión de este profesor del HEC Paris publicada en “Le Grand Continent”: «Los resultados (de las iniciativas de desburocratización) han sido radicales: se han debilitado las normas en materia de sostenibilidad empresarial y de diligencia debida; se han ampliado los plazos relativos a la venta de vehículos con motores de combustión; se han aplazado o restringido las normas relativas a la restauración de la naturaleza y la deforestación; y se ha cuestionado en parte la legislación digital, con el riesgo de desmantelar las mismas normas que han convertido a Europa en la referencia mundial en materia de gobernanza digital. Si bien cada medida se presenta como una reducción de las cargas, en conjunto constituyen, sin embargo, un retroceso».

Alemania quiere más

Pero la ambición del canciller alemán, un hombre desacreditado en su país y fuera de él –se acaba de quedar sin asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU– va más allá. La letra pequeña del proyecto germano para la UE puede encontrarse en el documento de apariencia técnica que la CDU, el partido de Merz, entregó en abril a Von der Leyen, miembro de la misma formación. Se titula «Agenda para una reducción sostenible de la burocracia a nivel de la UE», pero lo que propone es una desregulación masiva que tumba los cimientos de la construcción europea. Es el equivalente europeo al DOGE trumpista que ha esquilmado numerosas agencias federales en EEUU.

Defiende que «solo podemos hacer frente a la competencia geopolítica y geoeconómica mundial si formamos parte de una Unión Europea unida», pero en la práctica, lo que propone en sus 27 puntos es exactamente lo contrario.

La CDU ha instado a Von der Leyen a derogar buena parte de la legislación europea en materias como la medioambiental, al tiempo que exige una UE con menos competencias y un modelo de gobernanza todavía menos democrática que la actual, que tiene ya serias carencias.

Es una lista de deberes que, por un lado, exige eliminar buena parte de la legislación europea en ámbitos como el medioambiental –por ejemplo, reclama derogar «en su totalidad» el reglamento sobre la restauración de la naturaleza por resultar «excesivamente burocrático» y vulnerar «el derecho fundamental a la propiedad»– y, por otro, dinamita las competencias y el modelo de gobernanza europea. No precisamente para mejorarla.

Es un documento que exige leer «desregulación» allí donde pone «simplificación», que pide a la UE realizar una «interpretación más restrictiva de sus competencias» y que propone crear un «órgano de control regulatorio» independiente con «un derecho de veto fundamental sobre cualquier nueva legislación propuesta por la Comisión». Un ejecutivo europeo menguado, limitado y constreñido por un órgano de dudosa legitimidad democrática; un gobierno que renuncie a la regulación efectiva y la gobernanza a nivel europeo, única escala en la que el continente puede aspirar a ser escuchado en el mundo.

No es una reforma simplificadora, es el fin de toda esperanza de hacer de Europa algo que no sea un consorcio mercantil al servicio de la industria alemana.