Los lectores y lectoras más veteranas recordarán cómo el simpático héroe Super Ratón mantenía a la audiencia pegada a la pantalla a mitad de emisión con su característica frase: «No se vayan todavía, ¡aún hay más!».

Un puñado de años después, la judicatura española parece querer emular al icónico personaje de Terrytoons, y casi no hay día en que no ofrezca un nuevo capítulo de un serial en el que compañeros de partido y allegados del presidente español son, a su pesar, los protagonistas.

Hay varios sumarios que han echado vinagre a la legislatura de Pedro Sánchez, que ya iba sobrada de sal y pimienta. Diligencias emprendidas desde la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o juzgados provinciales y que llevan en algunos casos la firma de jueces de larga trayectoria, y en otros, de figuras que eran hasta ahora desconocidas pero que no parecen nada incómodas por haber dejado de serlo.

Ismael moreno, expolicía condecorado por la guardia civil La causa que por ahora más titulares se ha llevado es la que parte de la «Operación Delor- me», en la que Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos, y otras diez personas fueron investigadas por su implicación en una presunta trama de sobornos en la venta de mascarillas, y que ha acabado llevándose por delante a dos ya ex secretarios de Organización del PSOE.

El grueso de la instrucción la ha llevado desde la Audiencia Nacional un magistrado cuya biografía es un recordatorio de cómo ha transitado el Estado español desde el franquismo a esto que ha venido en llamarse «régimen del 78». Ismael Moreno (Maján, Soria, 1955) ingresó en la Policía en 1974, en plena dictadura, y allí estuvo hasta que se licenció en Derecho y sacó las oposiciones de la carrera judicial.

Entró en la Audiencia Nacional en 1985, y desde la sucesora del TOP franquista ha instruido varios de los sumarios más relevantes de los últimos años, con bastante polémica en algunos casos. Como cuando en 2016 llevó a prisión a unos titiriteros acusados de «enaltecimiento del terrorismo» porque, en un espectáculo, un guiñol de policía creaba una falsa prueba con una pancarta que decía «Gora Alka-ETA». 

Ese mismo año investigó a la Asamblea Nacional Catalana y a la Asociación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios por la Independencia por un presunto delito de sedición por impulsar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament, así como al edil de la CUP de Vic Joan Coma i Roura.

Moreno, que cuenta con la Orden del Mérito de la Guardia Civil y archivó el caso de los vuelos de prisioneros de la CIA a la cárcel de Guantánamo, es un viejo conocido en nuestro país, donde además de procesar a presuntos militantes de ETA e instruir diligencias contra organismos abertzales, ha protagonizado actuaciones hilarantes, como la citación a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) por su papel en el proceso de desarme de la organización vasca.

Tribunal Supremo, de puente a marchena

El carácter de aforado de José Luis Ábalos, diputado por Valencia, propició que parte de la instrucción del «caso Koldo» fuera derivada al Tribunal Supremo, donde recayó sobre Leopoldo Puente.

Nacido en 1964 en Madrid, este magistrado formó parte de Juezas y Jueces para la Democracia, asociación profesional considerada de orientación progresista, y fueron los vocales de ese sector en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quienes lo propusieron para entrar en el Supremo en 2020, aunque su designación obtuvo un amplio apoyo de 19 de los 21 miembros del órgano de gobierno de la judicatura española.

Ha estado en un discreto segundo plano desde entonces, hasta que se hizo cargo del «caso Koldo» y las presuntas mordidas en la adjudicación de obras públicas. El 30 de junio de 2025 envió a prisión provisional al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, igual que haría meses después, en noviembre, con Ábalos y Koldo García.

Algunos medios han destacado de él su «excelencia técnica», pero otros le reprochan que al valorar los motivos que podrían justificar el ingreso en prisión de Ábalos dijera que sentía estupor por que alguien investigado por tales delitos mantuviera su condición de diputado, argumento insostenible desde el punto de vista jurídico y que tiene mucho de político.

El Supremo ha sido también el tribunal en el que se ha celebrado la primera vista oral por una de las derivadas del «caso Koldo», la de las mascarillas, cuya sentencia se anuncia inminente. Ha sido en la Sala Segunda, la misma que juzgó y condenó al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz.

Entre los siete magistrados que juzgaron a Ábalos y García destaca Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), que adquirió realce mediático en el juicio por el procés catalán, donde representó, al frente del tribunal, a los sectores más intransigentes del Estado.

Su nombre ya había saltado a los medios en 2018, cuando tras el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, se filtró un mensaje del portavoz de este partido en el Senado Ignacio Cosidó en el que se felicitaba porque con Marchena al frente del órgano de gobierno de los jueces y de la Sala Segunda iban a controlar el Supremo «por la puerta de atrás». Esto provocó un escándalo y frustró el nombramiento del juez canario, pero parece evidente, seis años después, quién controla el tribunal sin necesidad de puertas traseras.

Pedraza y Calama

Santiago Pedraz y José Luis Calama, ambos desde la Audiencia Nacional pero con perfil distinto, son quienes instruyen las dos causas que más polvareda han levantado estos últimos meses y cuyo impacto quizá pueda acabar siendo mayor que el del «caso Koldo».

Pedraz (Salamanca, 1958), encargado de la presunta trama liderada por Leire Díez para cortocircuitar sumarios que pudieran afectar al PSOE, es un juez que nunca ha eludido la proyección pública, y que ha cultivado una imagen garantista, con decisiones como el archivo de la causa contra los manifestantes de Rodea el Congreso o su negativa a archivar la investiga- ción de la muerte por el Ejército de EEUU de José Couso en la guerra de Irak. 

Sin embargo, fue junto con Carlos Ollero y Alfonso Guevara autor de la sentencia condenatoria contra cerca de una treintena de jóvenes por su vinculación con Jarrai, Haika y Segi, y es quien ha lanzado la última orden europea contra Josu Urrutikoetxea.

También preguntó a la Fiscalía si era competente para asumir una denuncia por un presunto delito de odio en las protestas por la participación de Israel en la Vuelta que apuntaba a BDS, EH Bildu, Podemos y Sumar, entre otros.

A diferencia de Pedraz, Calama (Salamanca, 1959) ha pasado de ser desconocido para el gran público a llevar una de las investigaciones más sensibles para la política del Estado: la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero por el denominado «caso Plus Ultra», que ha caído como un obús sobre el PSOE y más allá. 
Especializado en delitos económicos y financieros, cibercriminalidad y espionaje tecnológico, y grandes tramas internacionales, había instruido temas importantes como el «caso Pegasus» o el del apagón eléctrico de 2025, pero sin duda su carrera va a ser recordada por el modo en que lleve y acabe la causa contra Zapatero, que debe comparecer ante él este miércoles.

Peinado y Biedma

A diferencia de Calama, es improbable que nadie califique de técnico y profesional a Juan Carlos Peinado (Ávila, 1954). Titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, alcanzó notoriedad al asumir en 2024 la investigación contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y parece sentirse cómodo entre los focos.

Su instrucción –iniciada tras una denuncia del grupo ultra Manos Limpias– ha sido cuestionada repetidamente por basarse en una investigación prospectiva y con sesgo político, y no ha pasado por alto que su hija es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, o que él mismo compartió bufete de abogados en Ávila con el exministro del Interior del PP Ángel Acebes. 

Con la jubilación a la vuelta de la esquina, este juez aficionado a la hípica y que construyó una piscina sin licencia de obra en una finca a las afueras de su pueblo, parece no querer irse sin dejar una muesca histórica en su hoja de servicios.

Menos eco mediático ha tenido Beatriz Biedma (Córdoba, 1977), instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente español por una posible contratación fraudulenta, una acusación que la mayoría de los testigos han refutado en el juicio, que acaba de concluir, y que se sostiene casi exclusivamente en el informe de la UCO de la Guardia Civil.

De Biedma se ha dicho que es «rigurosa» y «discreta», pero no mostró gran discreción cuando en junio de 2025, siendo ya instructora del caso contra Sánchez, secundó un paro organizado por las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales contra los proyectos que pretenden reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

Una movilización en la que compartió espacio ante el juzgado pacense con varios representantes de Vox.
Su rigurosidad será valorada en cierta medida por la sentencia, pero al comenzar el juicio el tribunal consideró prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal que se le atribuía a Sánchez.

Estos jueces conforman, en resumen, un grupo muy diverso pero determinado a cumplir con su cometido, sea este el que sea; hacer justicia o, parafraseando a José María Aznar, lo que cada uno pueda.