La ofensiva policial y judicial que está condicionando por completo el clima político en el Estado español no responde al objetivo de acabar con la corrupción sino de «cerrar la ventana de oportunidad» abierta en los últimos años, y «llevar al PSOE al lugar del que nunca debió salir: los pactos de Estado, el bipartidismo político y la estabilidad del Régimen, tras obligar al partido a atravesar una dura travesía que pondría en serio riesgo incluso su supervivencia». Pretende «cerrar la posibilidad de que una mayoría plurinacional y progresista ponga en marcha los cambios democráticos que quedaron pendientes en el diseño del 78».

Así lo cree la Mesa Política de EH Bildu, que ha compartido con su militancia la lectura que hace sobre una situación política ante la que considera clara su tarea: «cerrar la puerta al autoritarismo, reforzar la ejemplaridad política frente a la corrupción y el clientelismo, avanzar en la soberanía de Euskal Herria e impulsar una transformación social y democrática».

UNA SITUACIÓN INÉDITA

El documento, al que ha tenido acceso GARA, indica que las crisis del régimen del 78 se han ido sucediendo una tras otra durante décadas, y que en la década pasada «tres fenómenos abrieron profundas grietas» en su arquitectura: «el movimiento 15-M y la irrupción de Podemos; el proceso independentista catalán; y el nuevo ciclo político en Euskal Herria, que ha traído consigo la acumulación de fuerzas del soberanismo de izquierdas y el crecimiento institucional y social de EH Bildu». Y valora que si bien los dos primeros «han sufrido un claro retroceso, su impacto y la crisis estructural del Régimen cambiaron el panorama político».

En este sentido, destaca que «en el caso de Catalunya, la respuesta del Estado fue totalmente explícita: el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 mostró claramente cuál es la prioridad de la monarquía y del Estado profundo».

En este escenario, EH Bildu considera que «la ruptura del bipartidismo ha llevado al Estado español, en los últimos siete años, a una situación inédita: se ha abierto la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista en el Congreso». Y si bien observa que el PSOE «se ha movido desde el tacticismo y todavía no ha dado el paso de reconocer sin ambages a las naciones sin Estado ni de apostar firmemente por la democratización del Estado», cree que «la mera posibilidad de imaginar cambios democráticos profundos ha encendido todas las alarmas en los poderes reales».

GARANTÍAS DEL RÉGIMEN

«La frase de Aznar -‘el que pueda hacer que haga’- expresa con claridad esa lógica: cada poder disponible debe actuar desde su propio ámbito para abortar esa posibilidad política. En ese contexto debe situarse la ofensiva judicial-policial de los últimos años», advierte la coalición, para quien «la judicatura, junto con la Guardia Civil y otros aparatos del Estado, se ha convertido en una de las principales garantías del Régimen». A su juicio, «la función de tutela que en la transición se atribuía al Ejército la cumplen hoy, en gran medida, el poder judicial y los aparatos policiales. No actúan de forma neutral contra la corrupción; actúan contra las opciones políticas que podrían permitir cambios de calado».

Esto no significa, advierte, que deban minimizarse los casos de corrupción. Al contrario, señala que «la corrupción ha existido y existe», y que «una de las raíces de la corrupción política e institucional se encuentra en el propio origen del Régimen del 78: en una transición sin ruptura, muchos de los poderes económicos, políticos e institucionales que sostuvieron el franquismo se convirtieron en pilares de la nueva ‘democracia’».

Critica que «las financiaciones opacas de muchos partidos, los acuerdos con grandes empresas, las redes vinculadas a la construcción, el clientelismo, el amiguismo y el enchufismo han degradado la vida política y debilitado la calidad de los servicios públicos». Por ello, subraya que «la lucha contra la corrupción no puede ser superficial», y que «no basta con actuar contra las personas corrompidas; también hay que actuar contra las estructuras, las redes y los intereses económicos que corrompen».

«Combatir la corrupción es combatir el clientelismo, el amiguismo y el enchufismo», insiste, y añade que «los presuntos casos de corrupción conocidos estos días exigen, respetando la presunción de inocencia, una respuesta sólida, clara y estructural. EH Bildu actuará con rigor y responsabilidad en este ámbito».

Dicho esto, la Mesa Política también sostiene que «no podemos permitir que se nos nuble la mirada». «Hay quien reclama adelantar las elecciones generales para ‘desbloquear’ la situación. Pero hablemos en serio: ¿alguien cree realmente que la alternativa a la corrupción es un Gobierno de Feijóo con el apoyo de Vox? ¿Alguien cree que el objetivo de la derecha y de la extrema derecha es acabar con la corrupción sistémica?», pregunta.

EUSKAL HERRIA DEBE HACER SU PROPIO CAMINO

En esta tesitura, EH Bildu opina que «la crisis del Estado español no debe sustituir nuestra agenda», bien al contrario, valora que «esa crisis evidencia aún más la necesidad de que Euskal Herria haga su propio camino». «Nuestra tarea no consiste en quedar subordinados al ciclo político de Madrid -aunque este tendrá incidencia, por supuesto-, sino en abrir oportunidades políticas desde Euskal Herria, dar pasos en soberanía y organizar las mayorías sociales de este país», emplaza el texto remitido a la militancia.

«Debemos insistir en nuestro propio ámbito para desarrollar todo ello. Euskal Herria es el epicentro de la liberación nacional y social», recuerda EH Bildu, que destaca que «estamos fortaleciendo nuestra actuación en este país para desarrollar desde aquí un proceso popular, alcanzando los acuerdos y las correlaciones de fuerzas necesarias».

Partiendo de esta lectura, considera que «debemos prestar atención a la situación del Estado -ya sea para aprovechar oportunidades, ya sea para hacer frente a la ofensiva autoritaria-, pero sin desdibujar la agenda propia de Euskal Herria: poniendo en el centro los derechos nacionales de este país, los derechos sociales, los servicios públicos, la igualdad, el euskara y unas condiciones de vida dignas».

Begoña Gómez, a la espera del juez Peinado

Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ayer ante el juez Juan Carlos Peinado en la audiencia preliminar que cierra la instrucción del caso que la investiga por cuatro presuntos delitos, entre ellos supuesta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Junto a ella acudieron su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El trámite, de asistencia obligatoria, abre la puerta a un juicio con jurado popular, aunque al cierre de esta edición el juez Peinado no había decidido sobre la apertura del mismo.

La causa nació en 2024 a partir de una denuncia de Manos Limpias sustentada en recortes de prensa. Desde entonces, la instrucción ha ido cambiando de objeto. Así, arrancó con los patrocinios del máster que Gómez dirigía en la Universidad Complutense y se fue ampliando a unas cartas de recomendación a Barrabés y a la figura de su asesora en Moncloa.

Las defensas denuncian, por tanto, una instrucción prospectiva, que busca delitos sin un foco delictivo claro. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido y archivado parcialmente varias de las líneas abiertas por Peinado y ha revocado algunas de sus resoluciones.

De esta manera, la Fiscalía y las defensas sostienen que la causa debe archivarse, frente a las acusaciones populares, que reclaman, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del Estado español.

Por otro lado, José Luis Rodríguez Zapatero solicitó al juez del “caso Plus Ultra” que en su declaración prevista para mañana solo se le interrogue por su presunto papel en el rescate de la aerolínea, pero no sobre las joyas halladas en su despacho, ya que necesita más tiempo para preparar su defensa. GARA