Sanduzelai, Arrotxapea, Buztintxuri-Artika y Etxabakoitz Norte han sido escenario de cuatro concentraciones simultáneas convocadas por LAB para protestar contar el «pelotazo inmobiliario» que pretende realizar el fondo buitre Testa en estos barrios iruindarras.

Estas movilizaciones, en las que han participado vecinas y vecinos de dichos barrios, han puesto el foco en la situación de alrededor de 500 viviendas que actualmente están en manos de Testa, «pese a haber sido financiadas con recursos públicos y aportaciones de las propias personas inquilinas», ha denunciado el sindicato abertzale.

Señala que el Gobierno de Nafarroa ha contribuido con alrededor de un 35 % del coste de construcción de esos inmuebles, además de haber estado financiando durante más de dos décadas alquileres «que no podían ser cubiertos por inquilinos en situación de vulnerabilidad». LAB critica que supone «un verdadero escándalo que pretendan cobrar tres veces el valor del coste de estas viviendas».

A pesar de esta financiación pública y social, la central sindical alerta de que «se han estado cobrando y se siguen cobrando alquileres que alcanzan y superan los 700 euros mensuales», lo que supone «una situación de sobrecoste injustificado y de vulneración del acceso a una vivienda asequible».

En el transcurso de estas concentraciones, LAB ha subrayado que estos inmuebles «ya están pagados» y que su actual titularidad privada «responde a decisiones políticas del pasado, orientadas a favorecer a constructoras y promotoras». En ese sentido, ha reclamado que «las viviendas que ha pagado Navarra tienen que ser de titularidad pública».

Por ello, el sindicato ha hecho un llamamiento al Ejecutivo foral para «que inicie un proceso de expropiación pública» de estos inmuebles, «con el objetivo de incorporarlas al parque público y destinarlas de forma permanente al alquiler social, con precios ajustados a la realidad económica de la población».

El trabajo de LAB ya logró que el viernes pasado el Parlamento de Nafarroa modificase el apartado de la ley de 2010 que permite que las viviendas de protección oficial destinadas al alquiler pasen al mercado libre. Con ello, un total de 2.248 inmuebles protegidos de alquiler seguirán teniendo esta condición a precio regulado.