El pasado 22 de junio la Consejera de Educación, Begoña Pedrosa, señaló en el Parlamento que 108 de las 168 calificaciones de cero corresponden a exámenes corregidos por los tribunales 11 y 12, lo que representa un 64,3% del total. En el caso del tribunal 11, la situación es especialmente llamativa, dado que concentra 80 de las calificaciones de cero; un 47,6% del total. Y reclamó al Rectorado de EHU «una explicación transparente» sobre esta circunstancia.

Según diversas fuentes, si la consejera no hubiera hecho públicos eso datos, que según dijo ella misma «no permiten anticipar conclusiones definitivas», no hubiera dado pie a buena parte del montaje político y mediático que se ha dado en torno a esas cifras concretas que han conllevado la judicialización de la prueba y la anulación de los exámenes de Euskara. Además, el Departamento de Educación trató inicialmente de desentenderse totalmente de la organización de la prueba, cuando lo hace conjuntamente con EHU y además pone la mayoría de los correctores, como se explicó en su momento dando cuenta de un procedimiento con todas las garantías.

Y después de que este lunes el rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, y la vicerrectora de Grado y Transformación Digital, Urtza Garay, pusieran los puntos sobre las íes o, mejor dicho, las comas tras los ceros, el Ejecutivo autonómico va culminando la ciaboga sobre esta materia que a trancas y barrancas ha ido dando durante los últimos días.

Este martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico «no ha puesto en cuestión en ningún momento» la profesionalidad de los evaluadores de la PAU.

El consejero ha asegurado que, pese a que en una comparecencia parlamentaria, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, destacó que un elevado número de ceros en euskara correspondían a exámenes corregidos por un único evaluador, el Gobierno de Lakua «no ha puesto en cuestión en ningún momento la profesionalidad de las personas que corrigen»

«No ponemos en cuestión la profesionalidad de las personas que corrigen, y esto lo tenemos muy claro», ha insistido el consejero de Universidades. Pero cabe recodar que entrevistada en Radio Euskadi, Angeriñe Elorriaga, profesora de EHU y correctora del examen de euskara de la PAU, aseguró la pasada semana que a ella le hubiera gustado contar con el respaldo de las instituciones «desde el minuto cero». «Salió el rector para defender el sistema, pero en el sistema participan diferentes instituciones, y yo como correctora he sentido un ataque, especialmente a las personas que hemos corregido Euskara. Porque en Física la nota es de tres y pico, y no es un debate social».

Insistencia en el «déficit de confianza»

Además, José Ignacio Pérez Iglesias ha afirmado que será necesario analizar la conveniencia o no de «organizar de otra manera» cuestiones como la configuración de los tribunales evaluadores o el trabajo que realizan los correctores. A este respecto, ha puesto como ejemplo el funcionamiento del sistema en Reino Unido, donde en la corrección de un examen participan varios evaluadores, que analizan y puntúan la prueba por partes.

El consejero ha incidido, como viene haciendo su compañera de Gabinete Begoña Pedrosa, que lo ocurrido e torno a esta PAU ha suscitado un «déficit de confianza, fundamentado o no fundamentado». En este sentido, ha recordado que la existencia de diferentes niveles de exigencia entre uno y otro corrector es algo normal y que, al menos hasta ahora, esto no se había considerado como un elemento «deslegitimador» del sistema.

Cabe recordar que la normativa de la organización de la PAU y la formula de corrección de los exámenes viene regulada por un decreto de ámbito estatal que se ha puesto en marcha por primera vez este año, y que es muy escrupuloso con las pruebas relacionadas con las lenguas propias y extranjeras.