La proposición de ley n.º 691, aprobada el martes pasado por la Asamblea Nacional francesa, modifica el artículo L.435-1 del Código de Seguridad Interior. El texto aprobado dice lo siguiente: «Cuando hagan uso de sus armas, se presume que los agentes de la Policía Nacional y los militares de la Gendarmería Nacional han actuado en uno de los casos autorizados [...] conforme a las condiciones de absoluta necesidad y estricta proporcionalidad. Esta presunción puede, en cualquier momento, ser desvirtuada por cualquier elemento de prueba en contrario». 

Este cambio legal invierte la carga de la prueba dificultando la rendición de cuentas. En el momento en que la ley entre en vigor, cuando un agente dispare, se presumirá automáticamente que ha hecho un uso legítimo del arma. Desde el momento de abrir fuego, estará protegido por esta presunción. La carga de la prueba dejará de residir en el Estado, que no deberá justificar el disparo. Le corresponderá a la víctima, a su familia o a los interesados en el esclarecimiento aportar pruebas, si las tienen, de que el uso del arma de fuego no ha sido acorde a la ley. 

La proposición de ley fue aprobada con 313 votos favorables de los partidos de centro-derecha, derecha y extrema derecha, recibió 199 votos en contra de los partidos de izquierdas y hubo cinco abstenciones.

Desarrollo del debate

El texto original, presentado en diciembre de 2024 por Éric Pauget, parlamentario de LR (derecha), preveía una «presunción de legítima defensa para las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones», una demanda histórica de los sindicatos policiales y la extrema derecha. 

En enero de 2026 se debatió en la Asamblea Nacional y, aunque el debate no pudo cerrarse debido a la gran cantidad de enmiendas presentadas por la izquierda, la cámara aprobó una enmienda del Gobierno que modificó la esencia del texto, sustituyendo la «presunción de legítima defensa» por una «presunción de uso legítimo del arma». 

El debate de la sesión parlamentaria del pasado 7 de julio fue particularmente tenso: llamados al reglamento, invectivas, intervenciones no autorizadas desde la tribuna y gritos de «sin justicia no hay paz» de familiares de víctimas de la violencia policial. El Gobierno recurrió al artículo 44.2 de la Constitución para bloquear el examen de las enmiendas presentadas en masa por la izquierda. Tras el voto, las familias de las víctimas presentes fueron insultadas por varios parlamentarios.

El texto pasa ahora al Senado, donde la mayoría de derecha-centroderecha hace previsible su aprobación. Antes de entrar en vigor, podría ser recurrido ante el Consejo Constitucional.

Issam El Khalfaoui, padre de un joven que murió al recibir tres disparos en un control policial en 2021, está impulsando una recogida de firmas a través de la plataforma de peticiones ciudadanas de la Asamblea Nacional contra la proposición de ley. El día 9 superaron las 500.000 necesarias para habilitar la posibilidad de que se repita el debate en la Asamblea Nacional. 

Como la decisión de repetir el debate o no queda en manos de la Conferencia de Presidentes de la Asamblea, es improbable que el debate se repita, y aunque se repitiera, no se volvería a votar y el procedimiento seguiría su curso, pero la recogida de firmas ha hecho patente el rechazo que genera este cambio legal en amplias capas de la sociedad francesa. 

Modificación sustancial

El texto inicial propuesto por Éric Pauget habría modificado el Código Penal, La enmienda, en cambio, modifica el artículo del Código de Seguridad Interior que delimita el uso de armas. ¿Cuál es la diferencia? El Código Penal es el manual que consultan los jueces y fiscales cuando un agente hace uso de su arma y tienen que juzgar si actuó en legítima defensa o no. Modificar el Código Penal habría cambiado las reglas de cómo se juzga al agente. El Código de Seguridad Interior, por su parte, regula qué puede hacer el policía sobre el terreno, en el momento de actuar, no cómo se le juzga después. Por lo tanto, el texto aprobado no está dirigido a los jueces sino a los miembros de la fuerza pública, que estarán más protegidos –si cabe– a la hora de abrir fuego. 

El cambio legal se sitúa en el debate abierto por la ley Cazeneuve de 2017, que ya había ampliado las condiciones de uso de armas de fuego de la Policía, armonizándolas con la gendarmería, un cuerpo militar. Esta ley, que porta el apellido de Bernard Cazeneuve, ministro socialista que la impulsó, creó para la Policía francesa el derecho a usar el arma de fuego en casos de «negativa a obedecer». 

El medio independiente “Basta”, que hace seguimiento de las intervenciones policiales letales, sostiene que, tras la aprobación de la Ley Cazeneuve, las muertes relacionadas con la «negativa a obedecer» (fundamentalmente, al saltarse controles de carretera), se han multiplicado por cinco. Según el citado medio, entre 2002 y 2017, la Policía y la Gendarmería mataron a 17 personas que trataban de huir de un control o una detención. Tras la entrada en vigor de la Ley de 2017 hasta junio de 2022, los muertos en las mismas circunstancias ascendieron a 26.

Impunidad

Medios independientes como “Basta” y ONG como Amnistía Internacional o Flagrant Déni llevan años denunciando el alto nivel de impunidad policial en el Estado francés, con una tasa de condenas bajísima en relación a la cantidad de casos de violencia policial que terminan en manos de la justicia. El cambio legal aprobado en la Asamblea Nacional añade una capa de protección más a los agentes. 

Una de las escasísimas excepciones es el caso de Olivio Gomes. Este joven de 28 años, padre de tres hijos, resultó muerto de tres disparos en un control policial en octubre de 2020. Fue un caso sin testigos ni grabación inmediata, que requirió un trabajo minucioso de instrucción. La investigación demostró que la «legítima defensa» planteada por el agente no se sostenía. Seis años después de los hechos, el acusado fue condenado a diez años de prisión. 

Amnistía Internacional señala que con la modificación legal actual en vigor, los disparos que acabaron con la vida de Gomes habrían tenido presunción de legalidad y, por lo tanto, no habría habido necesidad de actuar con celeridad para recoger pruebas. Las imágenes de videovigilancia que permitieron avanzar en la investigación podrían haber sido destruidas antes del inicio de esta. Sin esas pruebas, la investigación habría quedado en punto muerto y el agente podría no haber sido condenado.