El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador finalizó el martes la primera audiencia única abierta contra 400 supuestos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de «47.000 delitos» cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos «444 casos de homicidio agravado, extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública». La sentencia será anunciada próximamente, indicó el Centro Judicial.

En los alegatos finales, el ente fiscal solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos señalados y el pago, en concepto de responsabilidad civil, de 9 millones de dólares por el delito de extorsión agravada.

El 8 de junio, el fiscal Max Muñoz escribió en X que «con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario. No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar», agregó el representante de la Fiscalía.

La audiencia única abierta se llevó a cabo bajo la modalidad virtual con enlaces desde diferentes cárceles de El Salvador, entre ellas el Cecot, la megacárcel emblema de la «guerra» del presidente Nayib Bukele contra las maras, situada en una zona aislada y árida en las afueras de San Salvador.

Este modelo, establecido tras reformas al Código Penal y que permite juzgar masivamente a supuestos miembros de las maras y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, ha sido duramente criticado por los organismos de los derechos humanos por socavar los derechos humanos de los procesados.

Bukele comparó este proceso judicial con los juicios de Nuremberg. Bajo el estado de excepción, más de 92.480 personas han sido detenidas.

Aumentan a 547 las muertes en cárceles

La ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que la cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 se elevó al menos a 547.

«La trágica cifra de al menos 547 personas fallecidas bajo custodia del Estado en el contexto del régimen de excepción, sin haber sido condenadas en juicio y sin perfil delictivo, representa una crisis profunda de derechos humanos que no puede ser ignorada. Lo que es aún más alarmante es que el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad», remarcó la ONG en la red X.

Socorro Jurídico Humanitario, que surgió en el contexto del régimen de excepción para brindar asesoría legal a familiares de personas detenidas, subrayó que «la cifra real de muertes podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos». La violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador.