Muchos años lleva investigando Rafael Méndez a «los cuerpos más influyentes y menos visibles» de la Administración del Estado. Tantos que decidió hacer un libro, ‘Los dueños del Estado. Los altos funcionarios que mueven los hilos del poder en España’ (Península, 2026). Describe en él en detalle cómo «operan en las sombras» los letrados con sueldo público, es decir, los Abogados del Estado, los del Consejo de Estado y los de las Cortes.

Experiodista de ‘El País’, Méndez  es murciano pero vive hace un cuarto de siglo en Madrid. Actualmente trabaja en la producción de ‘Salvados’. Con su libro, desnuda las contradicciones de un sector que goza de anonimato: «En una empresa privada sería impensable que un trabajador se pida excedencia para pleitear contra ella. Eso ocurre con el Estado».

Para que los lectores lo entiendan, ¿cuál ha sido su objeto de estudio? ¿Qué alto funcionariado exactamente?

El alto funcionariado del que hablo es el primer eslabón del engranaje de la política y la Administración. Hay un montón de altos funcionarios que trabajan codo a codo con los politicos. Cuando se hace una reforma fiscal o energética, por ejemplo, son los que le tienen que decir al político que esto no se puede hacer de tal forma. A la vez tienen un gran poder que no ha conllevado una transparencia, ni rendición de cuentas. Se ha generado un sistema en el que tienen muchas ventajas, como pasar a la empresa privada sobre la que estaban ante tomando decisiones, y pueden hacerlo porque el que firma la ley es el político. Alrededor de la noticia hay un letrado del Consejo de Estado, o de las Cortes, siempre. Por ejemplo, Francisco Martínez está siendo juzgado por ‘la Kitchen’ y es letrado de Cortes, y además tiene despacho privado. 

Además él era el número 2 del Ministerio del Interior. ¿No debería ser apartidario un letrado?

Pero es imposible porque la afiliación política es un derecho constitucional... Los altos funcionarios se meten en política porque tienen plazas reservadas (en excedencia). Casos como el de Martínez, con despacho propio, son porque consiguen permisos, algo que era muy pegajoso y ya no se da. Tuvo despacho privado por un permiso y nadie sabe quién lo contrata, a pesar de que le pagamos un sueldo. Y todo es legal porque nadie se ha metido a controlar esto.

El libro va de todo esto. Aunque no sea nuestro mayor problema, es importante porque quien llega a un cargo necesita la complicidad de estos altos funcionarios. Y no te renta meterte a controlarlos, porque si un abogado de Estado se te pone de frente, te puede frenar muchas cosas, con informes jurídicos negativos.

Lo ha estudiado en detalle, ¿qué ha encontrado?

He encontrado que estos altos funcionarios tienen un gran poder y no se les ha prestado atención. Tienen capacidad de decisión muy importante y lo han compaginado hablando un día en lo público y otro en lo privado, incluso a veces a la vez y con la cantidad de conflictos de intereses que se derivan de ello. Y ningún político en este tiempo se ha querido enfrentar a esto porque tienen mucho poder y electoralmente no va a dar un gran servicio.

Dice que los conflictos de intereses existen, aunque sean potenciales, y que en casi 50 años de democracia no le ha importado a nadie.

Sí. Mira por ejemplo en la sección quinta del Consejo de Estado, que asesora al Gobierno con las normas financieras y comerciales. Los juristas analizan y luego los seniors de la política hacen el informe. El letrado mayor de esa sección, que ve las normas del Banco de España, era la vez consejero de un banco andorrano, y eso es legal y se sabe. Había también una abogada del Estado en activo de la Audiencia Nacional que era secretaria del consejo de administración de Mapfre, y ahora es asesora de Florentino Pérez.

«Hay un jefe de arbitrajes en la Abogacía que defiende a una empresa minera australiana que reclama mil millones de euros a España en Nueva York. Igual no tendríamos que guardarle la plaza a ese señor...»

Hay otro escalón, que es el de los que consiguen trabajar a la vez en lo público y lo privado; trabajan para grandes empresas mientras la Administración les paga un sueldo. Esto se ha ido dejando hacer.

¿Se puede hablar de una continuidad con el franquismo y esa burocracia impune?

Sí, la hay. Hay sagas familiares, se ve en apellidos compuestos. En el Consejo de Estado el secretario general es Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, por ejemplo, y había dos hermanos García-Trevijano, que se sacaron la misma oposición y su padre había estado en el mismo cuerpo. Las oposiciones son duras, no es lo que heredan los sobrinos tontos de la familia, son los listos de una determinada clase social.

Yo pedí vía Transparencia saber qué letrados estaban a la vez en empresa privada, y el hijo de Calvo-Sotelo me dijo que no, que no había demostrado interés legítimo. Insistí y me lo pasó por iniciales y ahí se podía sacar quiénes eran al haber tantos apellidos compuestos.

De todo lo que ha visto, ¿qué anécdota o ejemplo que retrata todo esto es lo que más le ha sorprendido?

Lo que más retrata la situación son los abogados del Estado a los que se les daba la compatibilidad para trabajar también para la empresa privada. Había 33, conseguí el dato después de mucho pleitear. Ahora se dejaron de dar esos permisos de compatibilidad pero los que tenían antes lo conservan. Quedan ocho en la actualidad, otros se han jubilado. Y todo porque en un periódico empezamos a preguntar por esto, porque lo que les molesta es que se sepa. El día en que se hizo público se acabó lentamente [lo de dar esos permisos], pero dentro de diez años o así igual cambia la tendencia y vuelven a darse estas compatibilidades.

El 40% de ellos está en excedencia y están fuera pleiteando, la mayoría contra el Estado. En una empresa sería impensable que el 40% de los empleados se vayan en excedencia para pleitear contra la misma empresa. Nadie ha planteado una reforma tan sencilla como decir que si se van en excedencia no pueden pleitear contra el Estado. Los funcionarios mandan mucho y si los ‘encabronas’ no salen los papeles, como me dijo una vez un alto funcionario.

«Estos contrapesos tienen que existir, pero claro, ese poder debería llevar aparejada ejemplaridad, transparencia, exclusividad»

Creo que está bien que existan funcionarios independientes cuyo sueldo y plaza no dependa del ministro de turno. Y cuando venga Vox al Gobierno y diga lo de la ‘prioridad nacional’ será importante que haya un letrado que le diga «no, esto no se puede hacer». Estos contrapesos tienen que existir, pero claro, ese poder debería llevar aparejada ejemplaridad, transparencia, exclusividad. 

En los sectores regulados de energía con normas complejísimas todos acaban en las empresas energéticas para ganar más dinero. Para muchos la plaza es solo un trampolín para la privada, sin cortapisas. Hay un jefe de arbitrajes en la Abogacía que defiende a una empresa minera australiana que reclama mil millones de euros a España en Nueva York. Igual no tendríamos que guardarle la plaza a ese señor.... Lo mínimo es que se sepa y no les gusta que se sepa, viven cómodos operando en la sombra. Creo que es más negligencia y desinterés de la prensa que esfuerzo de ellos. Mucha información es pública. 

El sistema de las oposiciones para adquirir una plaza, ¿qué opinión le merece? 

A ver… el sistema ha tenido una cosa buena que conserva el prestigio social, estos cuerpos son muy demandados, los mejores estudiantes buscan estas plazas. No me meto en que el sistema sea tan memorístico y si está bien o no. Pero evidentemente tiene un sesgo de selección entre un estrato social de clase alta, de estratos conservadores, vitalmente el que prepara estas oposiciones es más conservador, no es un aventurero. Y muchos acaban dedicándose a la política o a ganar más dinero, aprovechándose del conocimiento de cómo funciona la Administración.

En el libro comenta que una fuente le dijo que la oposición a letrado del Estado es un ‘carnet de listo’ usado para salar al mundo privado.

Claro, a mí me lo dijo un letrado de las Cortes: «Cuando te sacas una oposición de estas duras, el Estado te dice que ya eres un listo oficial, entonces llegas a una empresa y te dicen ‘pase’». Es un filtro muy duro y saben que eso conlleva además el conocimiento de arriba a abajo. Mucha gente buena de la sociedad civil no quiere entrar en política, y al final, siendo funcionario, pues es servicio público.

Carmen Calvo ha dicho que estudiará las incompatibilidades del Consejo de Estado. ¿Lo atribuye a su libro?

Le preguntaron por el libro mismo y ella respondió eso. Hay despachos que anuncian que se dedican a la responsabilidad patrimonial del Estado y le preguntaron por las incompatibilidades y ella dijo que haría una comisión de estudio de eso. Pero todo esto ellos lo saben ya, lo dejaron hacer. A nadie le importó porque los políticos no se quieren enfrentar a ellos, quieren evitar palos en la rueda y no les renta electoralmente. 

Hay un ejemplo que da que es sorprendente: el caso de Juan Abelló, amigo del rey emérito que cobró 30 millones de euros por 20 hectáreas cuando se expropiaron terrenos por Barajas. Y que eso fue gracias a Serrano Alberca, letrado de Cortes que consiguió ese aumento defendiendo a muchos expropiados 

Sí, mucha gente se benefició de él, su teoría jurídica benefició a los expropiados, el Supremo lo aceptó y le costó al Estado 3.000 millones de euros. Desangraba al mismo Estado que le pagaba el sueldo. Me pareció interesante cómo un funcionario del Congreso pagado con dinero público pleiteando contra los contribuyentes se hizo muy rico.

Ha dicho en otra entrevista que su deseo es investigar ahora a los técnicos comerciales del Estado, que «han marcado la política económica española durante décadas». Cuénteme más, por favor

Me los he dejado afuera porque quedé agotado, pero el cuerpo de ‘técnicos comerciales’ es importante. Carlos Cuerpo y Nadia Calviño, por ejemplo, vienen de ahí y la política económica la ha marcado ese cuerpo de profesionales. Tienen sus puertas giratorias. No lo metí porque no me dio el tiempo, es la espina que me quedó clavada. Otro sector muy importante es los diplomáticos y los técnicos de administración civil.