El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha adjudicado un contrato sin licitación de 16,7 millones de dólares (algo más de 14,3 millones de euros) para la adquisición de 6.000 guantes capaces de administrar descargas eléctricas, una herramienta que, según defiende la agencia, ayudará a los agentes a evitar el uso de armas más letales.

En la documentación del contrato, publicada este jueves [madrugada del viernes en Euskal Herria], el ICE describe los guantes como «dispositivos conductores de distracción y desescalada» y alega que esta nueva tecnología ofrecerá al personal una opción de menor impacto durante arrestos, traslados de detenidos y disturbios en los alrededores de los centros de detención.

«Actualmente, el ICE no dispone de ningún dispositivo de uso de la fuerza que no implique el uso de las manos para proporcionar a sus agentes sobre el terreno, en un contexto de niveles sin precedentes de amenazas y violencia contra los oficiales y agentes del ICE, con el fin de garantizar que puedan calmar situaciones tensas antes de que se conviertan en violentas», apunta el cuerpo.

Según la justificación de la compra, el guante G.L.O.V.E. (guante, en inglés, formado por las siglas de ‘Emisor de Bajo Voltaje de Salida Generado’, también en inglés) será empleado cuando una persona «se resista activa o pasivamente y un agente necesite controlarla rápidamente para evitar lesiones a ambas partes».

Advierten del «potencial de abuso»

Tras el anuncio, la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto y otros 15 senadores –14 demócratas y un independiente– han instado al ICE a abandonar la compra.

«La adquisición propuesta plantea serias dudas sobre la necesidad, la proporcionalidad, la seguridad médica, la formación, la rendición de cuentas y los derechos constitucionales», han alegado los firmantes, subrayando que «esas dudas revisten especial importancia, dado el intenso escrutinio público que rodea al uso excesivo de la fuerza por parte de ICE».

En concreto, han argumentado que «el uso indebido, flagrante y trágico de la fuerza en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares del país suscita un gran escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia para implementar de forma segura una nueva herramienta que podría utilizarse para causar daño a los estadounidenses sin motivo alguno».

«Instamos al ICE a que rescinda el contrato y reconsidere la compra», han reclamado, agregando que «si el ICE sigue adelante con la compra (...) el Congreso debe conocer con claridad la seguridad de este dispositivo y los usos autorizados».

Poco más de una semana antes del anuncio de esta adquisición, la ONG Human Rights Watch (HRW) ya denunció tal idea, afirmando que «el ICE ha perpetrado actos generalizados de violencia y abuso contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses», incluyendo «el uso ilegal de fuerza excesiva y letal, así como el despliegue peligroso de armas llamadas ‘menos letales’ a corta distancia».

La ONG incidió entonces en que «la magnitud del daño potencial de esta tecnología en manos del ICE», una agencia que recluta a personas «con una formación mínima», podría ser «considerable», e instó a investigar la compra de estos guantes por sus riesgos y su «potencial de abuso», dada la poca supervisión del Congreso estadounidense al respecto.

HRW recordó también las restricciones comerciales impuestas por la Unión Europea a este tipo de dispositivos que emiten descargas eléctricas, dada su utilización «de forma abusiva» en distintas partes del mundo, incluso como método de tortura y otros malos tratos.

De hecho, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura determinó en 2023 que las «armas de descarga eléctrica de contacto directo» son «inherentemente crueles, inhumanas o degradantes», e hizo un llamamiento a su prohibición absoluta.

El ICE ha sido objeto de numerosas críticas debido a una serie de tiroteos mortales durante operaciones de control, incluidos los casos de dos ciudadanos estadounidenses en Minesota, ocurridos en enero, que participaban en protestas contra la agencia.

Los críticos han centrado su atención en la mano dura empleada por los agentes del ICE para detener a migrantes y en una supuesta rebaja de los estándares de formación para los nuevos reclutas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció en julio que presentó más de 50 demandas contra el Gobierno federal en nombre de personas y familias presuntamente perjudicadas por actos de agentes de inmigración en 17 estados y en Washington.

También en julio el ICE detuvo a más de 51.000 personas por infracciones migratorias en todo el país –la cifra más alta en un solo mes desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025–, según informaron medios estadounidenses citando fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).