Un preso del Centro Penitenciario de Bilbo (Basauri), encarcelado por un presunto delito de homicidio, se dirigió a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco para que investigaran su detención por parte de la Ertzaintza, en la que asegura que se produjeron «diversas vulneraciones de los derechos fundamentales».

En una resolución fechada este 14 de septiembre, la Comisión recuerda que por ley solo puede intervenir en los casos en los que se lo solicita «el titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, de la autoridad municipal correspondiente o del Ararteko»; o «de oficio» cuando en una intervención policial se ha producido un fallecimiento o lesiones graves.

En el escrito, la Comisión detalla que «el 29 de julio de 2026 se recibió un sobre cerrado remitido desde el Centro Penitenciario de Bilbao (Basauri) que contenía una solicitud manuscrita de uno de sus internos, fechada el 17 de julio de 2026, en la que instaba la intervención de esta Comisión acerca de la actuación de los agentes de la Ertzaintza que le detuvieron e interrogaron como presunto autor de un delito de homicidio por el que la autoridad judicial acordó su ingreso preventivo en prisión».

Según el denunciante, los agentes que le detuvieron incurrieron en «diversas vulneraciones de los derechos fundamentales, como el de intimidad y la presunción de inocencia».

Asegura en su escrito que «le sacaron de su domicilio a la fuerza y que, pese a estar bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, le obligaron a declarar en calidad de testigo de forma supuestamente voluntaria, sin facilitarle durante las horas que duró el interrogatorio ningún alimento ni bebida, con la finalidad de forzar su confesión».

Grabación con las gafas del detenido

El preso añade que tras su detención «trató de colaborar con los agentes, que un testigo corroboró una parte de su versión de los hechos y que un familiar suyo tiene en su poder una grabación que él había realizado con sus gafas que lo prueba». 

Y afirma ante la Comisión de Control y Transparencia que «así y todo, sufrió insultos, vejaciones y
coacciones con el único propósito de acusarle de cometer el crimen por el que fue detenido. No pone en cuestión a la institución policial, pero reclama una investigación de los abusos que denuncia para que no queden impunes».

Acudir a otras instancias

La respuesta de la Comisión ha sido que no puede iniciar esa investigación, porque el preso no está legitimado para solicitarla.

Su presidente, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, explica que «ello no obsta, evidentemente, a que el remitente ejerza su derecho a denunciar los abusos que considere que ha padecido dirigiéndose a esos efectos al propio Departamento de Seguridad, a la Fiscalía o a la autoridad judicial competente para que adopten las decisiones que, en su caso, procedan».

Enrique Lucas sustituyó en enero al expresidente del TSJPV Juan Luis Ibarra, que en los meses anteriores se había significado por denunciar falta de colaboración por parte de Asuntos Internos en algunos de los casos analizados y también falta de medios y estructura. El nuevo presidente ha sido alto cargo del PNV en Lehendakaritza y fue miembro del CGPJ por elección de este partido.