Bukele afianza su mano dura con un golpe «ad hoc» a la Constitución

La Asamblea Legislativa de El Salvador, con 60 diputados, se ha convertido en la marioneta de Nayib Bukele, quien maneja los hilos de una institución en la que la oposición es un mero convidado de piedra, con tan solo tres representantes. Cualquier propuesta que presenta Bukele es aprobada de urgencia por el rodillo parlamentario de los 54 diputados de su partido, Nuevas Ideas, y los tres de los partidos aliados, PCN y PDC. Los dos representantes de Arena y uno de Vamos son los últimos vestigios de la democracia, que ha sido sepultada por Bukele con el beneplácito de la mayoría de la población.

El país centroamericano lleva sumido en un perpetuo estado de excepción durante cuatro años con las libertades limitadas y con una política represiva sin precedentes que ha enviado a prisión a más de 91.000 personas. De ellas, 8.000 han sido liberadas tras haber sido encarceladas sin pruebas. Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprueba mensualmente la prórroga de una medida que ha permitido a Bukele convertir El Salvador en «el país más seguro de Latinoamérica». Es cierto que la tasa de homicidios cayó en 2025 a 1,3 por cada 100.000 habitantes, tras contabilizarse 82 crímenes en todo el año. La particular «guerra contra las pandillas» también se ha traducido en detenciones arbitrarias y encarcelamientos masivos convirtiendo a El Salvador en el país con la mayor proporción de población reclusa de todo el mundo, con un 1,5%.

El Gobierno no se conforma con llevar a cabo juicios sumarios, sino que ahora ha propuesto a la Asamblea Legislativa instaurar la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Dicho y hecho. El mismo día que el ministro de Gobernación, Gustavo Villatoro, trasladaba la propuesta a la Asamblea Legislativa para reformar la Constitución, aprobaba de urgencia modificar el artículo 27 de la Carta Magna, con el voto de 59 de 60 diputados.

Bukele podrá alardear así ante el mundo que quien asesina, viola o pertenece a una pandilla no saldrá nunca más de la cárcel, cuando hasta ahora el tiempo máximo de reclusión era de 60 años. Su argumento para recuperar la cadena perpetua es «garantizar a la ciudadanía el orden público y la paz social».

La autocracia de un líder

Este discurso de la seguridad aupó a Bukele a un segundo mandato en las elecciones de 2024, a pesar de que la Constitución prohibía la reelección presidencial.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reinterpretó varios artículos para permitirle presentarse a las comicios en los que arrasó con una mayoría absoluta. Con una oposición residual, nadie le hace sombra.

Bukele también se ha convertido en un aliado de Donald Trump participando en la foto histórica de 12 mandatarios de Latinoamérica, junto al presidente de EEUU en la presentación del denominado Escudo para las Américas. Sin embargo, no todo son aplausos y palmadas en la espalda a Bukele, dado que organizaciones de derechos humanos locales e internacionales denuncian violaciones de derechos humanos desde la puesta en marcha del estado de excepción, que el 27 de marzo cumplirá cuatro años de vigencia.

La acusación más grave la hizo el 11 de marzo el Grupo Internacional de Expertos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló al Estado salvadoreño por posibles crímenes de lesa humanidad. El informe denuncia capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y muertes de detenidos, por lo que sugiere a la Corte Penal Internacional investigar de oficio. Entre sus conclusiones, destacan que han sido detenidas más de 89.000 personas arbitrariamente o sin el debido proceso legal, al tiempo que ocurrieron, al menos, 403 muertes en cárceles hasta agosto de 2025, incluidos cuatro niños. Denuncia 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025.

Estos graves señalamientos no hacen mella en un Gobierno que no tiene la mínima intención de hacer autocrítica o recular en sus políticas represivas, sino más bien al contrario. «Váyanse al carajo», aseguró el propio ministro de Seguridad, quien acusó a las organizaciones que elaboraron el informe de ser «unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad». Bukele llegó en 2019 para quedarse y ya en agosto del pasado año la Asamblea Legislativa dio luz verde para que pueda ser reelegido indefinidamente tras aprobar la reforma de cinco artículos de la Constitución. Su mano dura le funciona y la democracia ya no está amenazada por las pandillas, sino por la autocracia de un líder que acaparó todo el poder con la excusa de la seguridad.