Denuncian «obstrucciones» en el proceso de regularización y exigen extender el plazo

El Gobierno español ha recibido ya 900.000 solicitudes de extranjeros residentes en el Estado para poder recibir papeles en el marco del proceso de regularización extraordinaria que se anunció en marzo y que está a dos semanas de llegar a su conclusión.

Según ha dejado trascender Moncloa al diario ‘El País’, se trata de casi un millón de migrantes que buscan obtener un permiso de residencia y de trabajo y contar con los derechos básicos que conlleva. La cifra es récord porque representa un incremento sustancial con respecto a procedimientos análogos anteriores. Según la misma fuente, se han admitido a trámite hasta ahora más de 350.000 expedientes. Sin embargo, la situación dista de ser sencilla para los solicitantes.

Varios colectivos de asistencia a migrantes, como Regularización Ya o la Taula del Tercer Sector de Catalunya, han reclamado recientemente al Gobierno de Pedro Sánchez que extienda el plazo para presentar las solicitudes, que vence el próximo 30 de junio (comenzó el 16 de abril). De hecho, Regularización Ya ha registrado una proposición no de ley con la firma de todas las formaciones de izquierda confederal o soberanista en la que se pide que se extienda el plazo.

En conversación con NAIZ, Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya, explica que «lo que básicamente está sucediendo es que las administraciones no estuvieron a la altura porque lo primero que tenían que hacer, que era emitir los certificados de vulnerabilidad, no lo hicieron o hicieron tarde».

Lo que ocurre es que, tras las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado, que hicieron que el Ejecutivo y el Congreso modificaran el real decreto-ley inicial, la situación de vulnerabilidad aparece como una condición más para poder participar de la solicitud de regularización para quienes no tengan actualmente un contrato de trabajo. Pero esa situación debe ser demostrada a través de un certificado expedido por los ayuntamientos o por las oenegés registradas oficialmente como colaboradoras del Estado en esta materia.

«Como se están entregando tarde o no se entrega, las entidades tuvimos que asumir todo ese peso y a muchas asociaciones nos ha llevado mucho tiempo y ha hecho descuidar otros proyectos en los que trabajamos y lo tendremos que justificar cuando sea el momento de renovar las subvenciones», señala.

Las prisas y las pocas semanas han llevado también a que, «ante la desesperación, mucha gente ha pagado a muchos abogados que se han hecho el agosto con esto» y recuerda que hasta en el consulado español en Argelia Asuntos Exteriores debió intervenir al descubrir «una mafia que cobraba hasta 1.500 euros para facilitar los trámites».

«Además de problemas con los trámites consulares, con consulados como el de Cuba que no emite los papeles (los solicitantes necesitan el certificado de no tener antecedentes penales y el de nacimiento), o los que están pidiendo pagos exorbitantes como Guinea-Conakri, también están otros problemas, como las legalizaciones de los papeles en las embajadas españolas en los países, que exigen pagos de tasas, y la falta de admisiones a trámite», recalca Columba.

La activista señala también al ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber reforzado la capacidad de su cartera para dar las citas necesarias. «Lo de Extranjería depende de Interior y no hay máquinas suficientes, y desde hace años venimos diciendo que el mercado paralelo de venta de citas está creciendo. Parece que Interior no tiene mucha voluntad», añade.

Además, apunta que en algunas admisiones a trámite los solicitantes no están recibiendo su correspondiente número de Seguridad Social, por lo que tampoco pueden concluir el proceso efectivamente ni buscar trabajo. Y pide que se tengan en cuenta los costes que tiene todo el trámite para personas que en su mayoría tienen bajos ingresos o nulos, y que pagar tasas de 40 euros «puede ser inalcanzable». Por eso es que su entidad ha lanzado varios ‘crowdfundings’ (pedidos de aportes para recaudar) para ayudar a costear los trámites.

Deportaciones a gran escala

Un elemento grave del cual ha alertado Columba es que se están produciendo «macrovuelos de deportaciones, a partir de redadas racistas y citas trampa». «Si hay un proceso de regularización extraordinaria, deberían suspenderse las deportaciones; no se suspenden, evidentemente, porque hay un negocio que cubrir», lamenta. Hace alusión al contrato de más de 12 millones de euros que tiene el Gobierno con Air Nostrum y Air Europa para vuelos de deportación. La portavoz recuerda que «en 2005 y 2006, en los años donde también hubo regularizaciones, fueron los años en que más se hicieron deportaciones», por lo que afirma que no le sorprende y que se lo mencionó a la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y a la secretaria de Estado, Pilar Cancela, en un encuentro privado.

«Lo más grave es que una regularización de tanta gente no se puede hacer en tres meses. Por ello pedimos una prórroga hasta que se acabe con el proceso y todos los que están en condiciones de solicitarla puedan hacerlo», recalca.

En su visita al Congreso, Columba mantuvo encuentro con varias formaciones del bloque de investidura, entre ellas representantes del PSOE, que le dijeron que postergar el plazo no era una opción.

Por su parte, el Gobierno español defiende su regularización extraordinaria ante los constantes embates del PP, de Vox y de muchas organizaciones ultraconservadoras, aunque con algunas declaraciones parece admitir que las cosas no fluyen como deberían.

La semana pasada, la ministra Saiz sugería en declaraciones públicas que los residentes «presenten su solicitud pese a que les falta algún papel para que tengan un periodo extra», dando a entender que no habría extensión de plazos.

Al ser preguntada en una comisión del Congreso y frente a una pregunta de la portavoz del PNV, la secretaria Cancela ha negado que el Ejecutivo central esté «improvisando» con su política migratoria y ha dejado en claro que no va en contra del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo: «Estamos convencidos de que no estamos haciendo improvisación en el modelo migratorio; los distintos pasos que hemos dado tienen un sentido. Se empezó con el pacto de migración y asilo; nos hubiera gustado que hubiera sido otro el pacto, otra mirada, pero es cierto que era el único posible que se pudo consensuar en ese momento. Sabíamos quiénes venían después y supimos leer el momento político».