Bingen Zupiria anuncia avances en la Junta de Seguridad aunque sin concreciones
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad de Lakua, Bingen Zupiria, han presidido una reunión telemática de sus equipos y se anuncian avances que en su mayoría dependen del Gobierno español y de los que no se dan concreciones todavía.
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La Junta de Seguridad ha celebrado este miércoles una reunión telemática, presidida por el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad de Lakua, Bingen Zupiria, quien a su conclusión ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que «creo que podemos decir que hemos dado un paso efectivo en la construcción de una Euskadi más segura y más segura también para las próximas décadas».
En líneas generales se ha pretendido concretar el compromiso que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, adquirieron en su reunión del 27 de marzo en Madrid, para reforzar el régimen sancionador por portar armas blancas, impulsar modificaciones para poder actuar ante personas que aún no tienen sentencia firme y siguen cometiendo delitos, y lograr «una participación operativamente útil de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, y el acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado».
Sin entrar en concreciones, el consejero de Seguridad, Bigen Zupiria ha manifestado que ambos gobiernos han acordado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la reincidencia y para que se puedan tomar medidas aunque no haya sentencia firme contra los delincuentes. Esto exige que el Gobierno español elabore esa reforma legal y la remita al Congreso para su aprobación, lo que en las actuales circunstancias se prevé muy difícil aunque en su impulso se comprometan el PSOE y el PNV.
También se quiere endurecer la prohibición del empleo de armas blancas, sobre todo en espacios de ocio. Para ello es necesario que el Ministerio del Interior reforme el Reglamento de Armas, lo que está exclusivamente en sus manos, e incorpore las modificaciones acordadas en la Junta de Seguridad, «para reforzar la prevención, el control y la sanción del porte o uso de armas blancas y otros objetos peligrosos en establecimientos y lugares públicos con especial atención a los de mayor concurrencia».
Bingen Zupiria no ha precisado cuáles son las concreciones de esos cambios legales y normativos que han acordado con el equipo de Fernando Grande-Marlaska.
Colaborar en expulsiones
El consejero de Seguridad también ha informado de que también han acordado «que la Ertzaintza participe en los informes policiales en materia de seguridad y orden público que deban emitirse en los procedimientos de expulsión de personas extranjeras en casos como delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia, alteración relevante de la seguridad ciudadana o afectación al orden público en Euskadi».
En realidad es el Cuerpo Nacional de Policía quien realiza estos informes, porque es su competencia, pero Bingen Zupiria ha precisado que es la Ertzaintza la que «hace la labor a pie de calle» y las investigaciones posteriores. Se trata de que la Policía española pueda contar con esa información a la hora de redactar su documentación.
También se ha acordado que la Ertzaintza sea quien se encargue del control de los drones en la CAV, que participe en foros europeos de intercambio de información entre cuerpos policiales, y aumentar las competencias autonómicas en materia de seguridad privada y ciberseguridad.
Repaso dentro de seis meses
El consejero de Seguridad ha reconocido que «estamos hablando de cuestiones complejas, son además muchos los acuerdos que hemos alcanzado y esto va a exigir un acuerdo por las dos partes, pero nuestro empeño va a ser el concretar esos acuerdos y poder llegar a una junta de seguridad en seis meses con esos acuerdos cerrados y ejecutados».
Para ello se señala que a Junta de Seguridad ha acordado la mejora de los mecanismos de ejecución y seguimiento de los acuerdos alcanzados, previéndose una nueva cita en el plazo de seis meses. Y se han creado comisiones técnicas que irán trabajando en este plazo.
En todo caso, hay materias como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que están fuera de las posibilidades de esas comisiones y quedan en manos de los grupos parlamentarios del Congreso.
En la Junta de Seguridad de este miércoles han participado, además del consejero y el ministro, por parte del Gobierno Vasco el viceconsejero de Seguridad Ricardo Ituarte, el director de Coordinación de Seguridad Asier Erkoreka y la directora de la Ertzaintza Victoria Landa. Por parte del Ministerio del Interior, la secretaria de Estado de Seguridad Aina Calvo, la delegada del Gobierno español en el País Vasco, María Soledad Garmendia, el director general de Coordinación y Estudios, Eugenio Pereiro, y el secretario general técnico, Juan Antonio Puigserver.