La crisis de la vivienda se ha adueñado con fuerza de la actualidad vasca y ocupa la agenda tanto en el Parlamento de Gasteiz como en la calle. Es una buena noticia, pero exige aclarar términos y establecer jerarquías. Una bronca parlamentaria tiene la importancia que tiene cuando, la misma mañana, un gran dispositivo policial desaloja violentamente a una familia con seis menores a su cargo. Cuando el lehendakari Imanol Pradales pide ejemplaridad a la política vasca, cabe recordarle que la política no es algo que ocurre solo dentro de un hemiciclo. Insultar al adversario político en un pleno desprestigia a las instituciones, claro, pero utilizar a la Policía para desahuciar a una familia también.

Tampoco resulta del todo ejemplar que el lehendakari emplee titulares falsos para acusar a EH Bildu de no aportar suelo público en los municipios que gobierna. Es mentira que no lo aporten y es mentira que retengan suelo público como para construir 42.000 viviendas. En cualquier caso, yendo al problema real, hay evidencia de que construir más vivienda no baja por sí solo los precios, por lo que insistir en ello es una irresponsabilidad fruto de una visión dogmática del mercado. Pero no hay que engañarse. En realidad, apenas es un intento de descargar la culpa de la crisis sobre el principal partido de la oposición, una broma de mal gusto si hablamos del PNV, un partido con responsabilidades gubernamentales mucho mayores que se ha resistido a aplicar la Ley de vivienda vasca, ha alargado lo que ha podido el establecimiento de zonas tensionadas y se ha opuesto al decreto sobre la prórroga de los alquileres. Que asuman las consecuencias de sus actos, porque son corresponsables de la crisis.

Por último, si de verdad quieren actuar sobre el problema, deberían prestar menos tiempo a las tácticas de vuelo corto y fijarse más en la dramática realidad que muestra el desahucio de ayer en Gasteiz. No en el falso dilema entre una familia que se queda sin casa y un pequeño propietario que la necesita para vivir, sino en el hecho de que la familia desahuciada lleva un año buscando un alquiler asequible sin lograrlo. Remediar eso a medio plazo sí está en manos de Lakua.