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IRUÑEA

La jueza de Iruñea rechaza inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la causa sobre CAN

La jueza de Iruñea que instruye la causa sobre Caja Navarra ha rechazado la petición del juez Eloy Velasco de remitir la investigación a la Audiencia Nacional española.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó el pasado 11 de marzo a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito, que le enviara la investigación que inició sobre Caja Navarra a raíz de la denuncia interpuesta por Kontuz, pero la magistrada ha rechazado su petición, por lo que la causa se seguirá instruyendo en Nafarroa.

La jueza también se ha pronunciado en contra de enviar al tribunal español la investigación referente a los créditos concedidos a familiares de los responsables de la caja y empresas a tipos de interés inferiores al ordinario, al entender que esos hechos son conexos con la prevaricación por omisión atribuida al Gobierno de Nafarroa en la denuncia de la asociación de consumidores.

En su auto, Benito sostiene que «el pago y cobro de esas cantidades no constituyen un presunto delito societario» sino que podrían ser «un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión cuya competencia se atribuye a este juzgado».

La juez vincula, por lo tanto, las dietas con la falta de inspección a Caja Navarra por parte del Gobierno de Nafarroa, como publica hoy GARA en exclusiva.

Para la magistrada, el cobro de dietas por asistencia a la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) y a la Comisión Permanente de Caja Navarra tiene un sustento legal «cuanto menos dudoso», algo que es «evidente» en el caso del segundo de estos órganos.

A su juicio, «las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá el curso de la causa».

La magistrada sí ha aceptado que Velasco asuma la investigación de la querella presentada por UPyD contra a los antiguos gestores de Banca Cívica por los delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Contra esta resolución no cabe recurso sin perjuicio de que pueda plantearse cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN).