El administrador concursal de Karrantzako Minda, la empresa encargada de la fallida construcción de una planta de tratamiento de purines en Karrantza (Bizkaia), ha calificado como culpable el concurso. Este proyecto para tratar purines obtuvo 13,5 millones de euros de subvenciones públicas, unos 7 millones del Gobierno de Lakua, en torno a dos de la Diputación de Bizkaia y unos cuatro del Gobierno español, aunque las ayudas efectivamente recibidas se quedaron en 10.020.000 euros. Se levantaron unos depósitos en Karrantza, pero la planta nunca llegó a terminarse.

Tras el fiasco, el administrador concursal que se hizo cargo de la planta ha entregado ahora su informe al juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo, que lleva la quiebra.

Paralelamente, el actual Ayuntamiento de Karrantza se querelló contra los responsables de la empresa, aunque la demanda esta todavía pendiente de adjudicar.

El informe del administrador concursal, de 62 páginas, ha sido dado a conocer en Bilbo por el presidente de la sociedad municipal de Karrantza Haraneko, edil de EH Bildu y firmante de la querella, Patxi García, y el abogado Kepa Landa.

En este documento, el administrador solicita calificar como culpable el concurso y una indemnización de 12,5 millones de euros por daños y perjuicios a siete personas, varias de ellas excargos del PNV, a los que responsabiliza de la quiebra. La cantidad reclamada será mayor, ya que el administrador pide también que se les haga responsables del déficit contable de la planta, que, a falta de cuantificar exactamente, asciende a varios millones.

Iniciativa de Martín Ascasibar, exdirector en Agricultura

Según el administrador, fue el director de Innovación del Departamento de Agricultura del Gobierno de Lakua, Martín Ascacibar, quien tomó la decisión de construir la planta «financiada en su totalidad con fondos públicos». Se encargó la construcción a la firma guipuzcoana Ade Biotec, de la que el propio Ascacibar fue consejero. «Todo el dinero obtenido de las administraciones se ha canalizado a través de esta empresa», detalla el administrador.

Las obras cesaron cuando solo se había construido el 16% de la planta, debido a la «mala gestión», que el administrador llega a considerar «con culpa grave». El administrador culpa a siete personas: A Ascacibar, a F.M. –el técnico que firma las certificaciones– y a los cinco consejeros de la sociedad quebrada, entre ellos el exalcalde José Luis Portillo y el exedil Ignacio Muro, los dos del PNV.

Tras el informe del administrador, el siguiente paso será la decisión del fiscal de sumarse o no a la declaración de concurso culpable. El abogado del Estado ya ha pedido la declaración como culpable, mientras que el Gobierno autonómico y la Diputación vizcaina no.

El abogado Kepa Landa ha criticado que estas dos instituciones se han limitado a personarse como parte dentro del concurso, pero no han pedido que sea culpable, después de todo el dinero que han perdido. «Están avalando el fraude», ha llegado a comentar.

Una vez el administrador ha calificado el concurso como culpable, el juez tendrá que pronunciarse sobre la culpabilidad o no del mismo, sea cual sea el pronunciamiento del fiscal, aunque Landa ha señalado que, por los indicios de sus actuaciones, la fiscalía también apunta a pedir la culpabilidad. Además, los implicados pondrá presentar sus alegaciones de defensa. Finalmente, si se declara culpable el concurso se abriría el juicio contra los implicados.