Esta decisión ha sido adoptada en el consejo de la sociedad municipal Ensanche 21, que se ha reunido esta tarde, y en la que los tres partidos han logrado la mayoría para sacar a concurso la redacción del proyecto de derribo de este barrio, en el que residen unas 150 personas.

El PP pretende que el derribo se lleve a cabo en un plazo de seis meses, pero como el equipo de gobierno no les ha dado una fecha, han solicitado un informe a la asesoría jurídica para que precise cuál es la vía más rápida para llevar a cabo el desalojo y posterior derribo, han señalado a Efe fuentes del grupo popular. El equipo de gobierno proponía completar «en un año» los trámites del proceso de derribo y proceder después al desalojo.

EH Bildu es contrario a acometer el derrumbe y vincula esta operación con el «bullying inmobiliario», es decir, liberar la zona de inquilinos para poner en marcha después nuevas promociones de viviendas.

Podemos ha expresado en un comunicado su «estupefacción» por este acuerdo municipal, para el que en su opinión es necesaria «una autorización judicial que todavía no ha sido solicitada y que se desconoce si llegará y cuándo, porque no hay precedentes en todo el Estado de expulsión y demolición de 190 viviendas».

«Urtaran cortó la luz para promover un desalojo encubierto, creó un clima de inseguridad mayor del que según decía existía por el estado de las viviendas, luego decidió poner un remiendo con farolas solares, y ahora, en un alarde de ingenio, acuerda gastar 50.000 euros en el estudio de un derribo sin saber si recibirá el visto bueno que exige la ley», ha señalado esta formación.