NAIZ
DONOSTIA

Los huelguistas contra la incineradora reciben el apoyo de la secretaria general de LAB

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha visitado esta mañana a las seis personas que desde el pasado miércoles mantienen un ayuno en Donostia en protesta por la construcción de la incineradora de Zubieta.

Garbiñe Aranburu ha visitado en la plaza Easo a los huelguistas contra la incineradora. (Andoni CANELLADA/ARGAZKI PRESS)
Garbiñe Aranburu ha visitado en la plaza Easo a los huelguistas contra la incineradora. (Andoni CANELLADA/ARGAZKI PRESS)

Garbiñe Aranburu se ha acercado a la plaza Easo para expresar su apoyo a las seis personas que el miércoles pasado iniciaron un ayuno de una semana en protesta por la construcción de la incineradora de Zubieta.

La secretaria general de LAB ha advertido de que la construcción de esta planta hipotecará a la ciudadanía de Gipuzkoa «muchísimos años» e impedirá que se desarrollen otro tipo de políticas sociales.

En su opinión, este proyecto evidencia, «una vez más, que se hace política para beneficiar a unos pocos, para beneficiar a una elite económica».

«En este macroproyecto se verán beneficiadas grandes empresas y entidades financieras», ha señalado Aranburu, convencida de que este es el tipo de política que impulsa la Diputación de PNV-PSE.

Frente a ello, ha apostado por poner en marcha otro tipo de medidas en la gestión de los residuos que apuesten por la reducción y el reciclaje para evitar así la incineradora.

Además de Aranburu también han tomado la palabra Iñaki Armendariz, de Hernani Zero Zabor, y Teresa López de Muniain, de Donostia Bizirik, dos de las seis personas que secundan el ayuno.

López de Muniain ha advertido de que existen estudios «determinantes» sobre los perjuicios de la incineración en la salud y, por este motivo, ha abogado por agotar «todas las vías legales» para que no se construya esta planta ya que, en su opinión, hay alternativas pese a los falsos «mitos» que se intentan difundir.

Ha destacado el esfuerzo físico y personal que supone seguir durante siete días una huelga de hambre cuyo principal objetivo es lanzar un mensaje no solo a los políticos, que «ya tienen los informes médicos sobre su mesa», sino principalmente a los ciudadanos.