En un comunicado, Edesa industrial ha señalado que las pérdidas de 38 millones de euros registradas el pasado año y la deuda bancaria que asciende a 51 millones hacen «inviable» continuar en las actuales circunstancias, por lo que ha elaborado un plan de viabilidad que «puede garantizar la sostenibilidad» de la empresa –actualmente en preconcurso de acreedores– con «importantes esfuerzos por todas las partes».

La propuesta de la dirección pasa por la obtención de financiación no bancaria que permita la reactivación de las líneas de negocio «rentables» y para la que ha asegurado «ya habría inversores comprometidos».

Además, contempla un acuerdo de pago de la deuda con los acreedores y proveedores, la continuidad del servicio por parte de los proveedores actuales, un acuerdo de reestructuración de deuda financiera avalada, «que sería asumida en su totalidad por el grupo industrial» y una reestructuración de determinadas líneas de producción.

En este sentido, Edesa Industrial propone el cierre de la planta de Garagartza, ya que «el margen de contribución negativo de sus líneas de negocio no permite la viabilidad de su actividad fabril», contemplando la posibilidad de trasladar la producción de calentadores a la planta de Basauri.

Asimismo, considera que Basauri y Eskoriatza tendrían que ajustar sus líneas para «alcanzar la eficiencia necesaria y acercarse a rentabilidad positiva». Sobre estas factorías ha indicado que, aunque la actividad comercial «prácticamente se mantendría, también sería necesario ajustar la estructura central». Con todos estos ajustes, la compañía contempla que «la plantilla quedaría conformada en un rango de 130-160 trabajadores, en función de los recursos para I+D+I».

Edesa Industrial ha defendido que «es necesario alcanzar niveles de rentabilidad normales de mercado, para alcanzar la cifra necesaria de break even y abordar, mediante inversiones adicionales en I+D, una modernización y optimización de la producción de hornos y ollas para poder ser competitivos».

En este contexto, el grupo industrial se ha mostrado dispuesto a «asumir las pérdidas de negocio y toda la deuda», lo que supone un total de aproximadamente 70 millones. Finalmente, la compañía ha esperado que «todas las partes entiendan y compartan la necesidad de adaptar la nueva realidad que es indispensable abordar para mantener el empleo, la producción, la marca, y sea posible garantizar un futuro para la empresa».

Reunión con el comité

Tras su reunión con la dirección, en la que la compañía no ha dado cuenta de sus intenciones, el comité de empresa ha señalado que se les ha trasladado la «intención de abordar una reestructuración de la empresa».

En la reunión, explican los representantes de los trabajadores, se ha acordado «la retirada del ERE de extición de 30 contratos que afectaba a la línea de lavado».

Por otra parte, se ha pactado la constitución de una mesa «con el objetivo de crear un nuevo proyecto para CNA Group, basado en el empleo y las garantías de futuro». El comité propone que en esa mesa participen, además de la dirección y una representación de los trabajadores, el propietario de la marca (Fagor S. Coop) y el Gobierno de Lakua.