El juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo imputó al exalcalde de Zierbena Marce Elorza –actualmente es asesor del Departamento Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación de Bizkaia–, por un presunto delito societario, prevaricación y malversación de caudales públicos, al haber mantenido como consejero delegado de la sociedad Zierbena Portua al entonces edil Eugenio Barquín, entre 2011 y 2012, sin que hubiese un contrato firmado y con un sueldo bruto de más de 50.000 euros anuales.

Barquín, para quien la Fiscalía pide imponer las mismas penas que solicita para Elorza, inició el desempeño de su cargo de consejero delegado de la sociedad Zierbena Portua en 2005. Por este cargo, recibía un salario bruto anual de más de 50.000 euros mediante un contrato de alta dirección.

En julio de 2007 firmó otro contrato para seguir en el cargo, hasta la disolución del consejo de administración de la empresa publica con motivo de la celebración de las elecciones municipales, en mayo de 2011.

Sin embargo, en su escrito, la Fiscalía señala que, tras los comicios y después de haberse designado nuevo consejo como consecuencia de los comicios, Barquín siguió desempeñando ese cargo y percibiendo su retribución, pero sin existir un nuevo contrato firmado al efecto y con la oposición de tres de los cinco miembros del consejo de administración de dicha sociedad, también ediles del Ayuntamiento.

El ministerio publico indica que, en la reunión del Consejo de Administración de Zierbena Portua del 7 de noviembre de 2011, tres de los cinco consejeros votaron en contra de la reelección de Eugenio Barquín, al entender que, «en caso de reelección, éste debería desarrollar su cargo sin carácter retributivo, con el consecuente recorte de gasto que ello proporcionaría a la sociedad». Según indica el fiscal, al faltar la mayoría requerida para la adopción del acuerdo propuesto, se dejó el asunto pendiente.

El fiscal señala, asimismo, que Elorza «no atendió, como presidente del Consejo de Administración, las solicitudes que le dirigieron los tres consejeros» que mostraron su disconformidad con la reelección con el objetivo de conocer «todos los pagos de nóminas y gastos realizados desde el 18 de julio de 2011» al exconsejero.

Asimismo, la Fiscalía señala que el exalcalde de Zierbena dictó un acuerdo en mayo de 2012 por el que «anulaba la reunión del consejo de administración celebrada en fecha de 4 de mayo de 2012 por los tres consejeros para cesar» a Barquín como consejero delegado.

Para el fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito societario «en su modalidad de denegar o impedir a un socio el ejercicio del derecho a la información y a la participación en la gestión y control de la actividad social previsto y penado en el artículo 293 y 61 del Código Penal». Además, el coste de las nóminas abonadas a Barquín entre agosto de 2011 y agosto de 2012 conllevan un delito de malversación.