La Comisión examinará, en particular, si las ayudas que el Estado español concedió a Correos han supuesto «una compensación excesiva» a la empresa por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal, y si otra serie de medidas han creado «una ventaja indebida», vulnerando las normas sobre ayudas de Estado.

La CE ha recibido dos denuncias en las que se alegaba que Correos se había beneficiado de varias medidas de ayuda estatal ilegales e incompatibles, ha explicado en un comunicado.

Los servicios de Competencia tienen «dudas sobre si se ha compensado en exceso a Correos entre 2004 y 2010 por la prestación del servicio postal universal», señala la CE.

De hecho, según el dictamen preliminar de la Comisión, los niveles de rentabilidad alcanzados por Correos con la financiación pública «parecen superar el nivel de beneficio razonable autorizado» bajo las normas sobre ayudas estatales de la UE en materia de compensación por la prestación de un servicio público, indica Bruselsa.

También parecen superar los niveles autorizados por la Comisión en decisiones comparables anteriores relativas a operadores postales, agrega el Ejecutivo comunitario.

La CE investigará asimismo otras medidas concedidas por el Estado español a Correos desde 2004, concretamente las exenciones fiscales, las ampliaciones de capital y la compensación por la distribución de material electoral.

Medidas exentas de la investigación

La investigación no afecta a otras dos medidas concedidas a Correos.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social de los funcionarios de Correos no implica ayuda estatal, porque no confiere a la empresa ningún beneficio económico.

Por lo que respecta al plan de pensiones específico de los funcionarios, que no obliga a Correos a cotizar para la financiación de las pensiones, la CE considera que confiere a la empresa una ventaja económica frente a sus competidores, por lo que constituye ayuda estatal, pero esta medida es anterior a la adhesión del Estado español a la Comunidad Europea y por tanto no debe recuperarse.

El Estado encomendó a Correos la prestación del «servicio postal universal», que consiste en prestar servicios postales básicos en todo el territorio a precios asequibles y con sujeción a determinados requisitos mínimos, por ejemplo, el número de entregas semanales.

Según las normas de la UE de 2011, las empresas pueden recibir una compensación por los costes adicionales que supone la prestación de un servicio público, siempre que se cumplan determinados criterios.

El Estado tiene que garantizar que las empresas encargadas de esos servicios no reciban una compensación excesiva, lo que minimiza el falseamiento de la competencia y garantiza un uso eficiente de los recursos públicos.