Aranburu ha comparecido en conferencia de prensa para informar de un estudio que durante año y medio ha realizado el personal de Hacienda para determinar, después de analizar todas las partidas, líneas y programas, cuáles son las competencias asumidas por Nafarroa, cuáles las del Estado español y cuáles las compartidas, y hacer una cuantificación.

Con estos datos y haciendo «una aplicación rigurosa de la metodología prevista en el Convenio Económico» para determinar la aportación del herrialde a las cargas generales del Estado, la conclusión para el Ejecutivo es que se debe revisar la cuantía que está pagando.

Aranburu ha indicado que el Gobierno de Nafarroa cuenta «con el apoyo» de los grupos parlamentarios en la defensa de los intereses del herrialde a la hora de plantear la negociación con el Gobierno español, al que ya han remitido el estudio.

«Se puede llegar a un acuerdo con relativa facilidad», «no es complicado» desde un punto de vista técnico «ya que se trata de ajustar la aportación, no de reformar el Convenio», que eso sería objeto de otra negociación distinta, ha dicho.

Ha añadido sin embargo que hay problemas para negociar con el Gobierno español dada la situación de interinidad en que se encuentra y en este sentido, ha puntualizado que «los responsables están en funciones y no se atreven a tomar decisiones que sean compromisos presupuestarios a futuro».

En este caso, según ha comentado, los ejercicios del periodo 2010-2014 ya se han abonado por parte de Nafarroa y «lo cerrado cerrado está», pero las cuentas de 2015 «están abiertas» puesto que este es la base para la negociación del siguiente Convenio Económico, hasta 2019.

Y al respecto, ha aseverado que las cuentas de Hacienda indican que Nafarroa debería pagar al Estado entre 341 y 494 millones de euros, frente a 590 que se presupuestaron para 2015 y cuya liquidación definitiva aún no se ha hecho y los 613 que provisionalmente se anotaron para 2016.

La causa de un margen tan amplio en las cifras está en las dificultades de las cargas compartidas entre Nafarroa y el Estado español a la hora de concretarlas y cuantificarlas, y porque el índice de imputación se basa en el de renta relativa, que en 1990 se fijó en el 1,6 %, aunque por población a Nafarroa le correspondería el 1,35 %, y además Aranburu ha subrayado que hay servicios que no son en función de la renta sino de las personas.

Por eso, el Ejecutivo quiere abordar ya una negociación con el Estado que permita «reconducir» la cifra base de 2015, referencia para el resto del quinquenio, y a partir de ahí, que se pueda bajar la cuantía de la aportación de Nafarroa a las cargas generales del Estado español en las siguientes anualidades.

Junto al deseo de proceder lo antes posible ya a una actualización el Convenio Económico, el consejero de Hacienda ha recordado que Nafarroa y el Gobierno español tienen pendiente también negociar los ajustes por la imposición indirecta.