Los diputados han aprobado por 60 votos a favor y 52 en contra la conocida como Ley de Regulación, que pone estas viviendas de forma efectiva bajo jurisdicción regular israelí y no bajo la administración militar israelí que controla los territorios ocupados desde 1967.

La votación se ha celebrado a pesar de la petición expresa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de retrasarla hasta después de su viaje a Washington, previsto para el 15 de febrero. El principal defensor de la iniciativa ha sido el partido Bayit Yehudi (Hogar Judío), de actual ministro de Educación, Naftali Bennett.

Finalmente la norma ha sido aprobada pese al rechazo de la oposición, con el partido Unión Sionista al frente. Su presidente, Isaac Herzog, ha argumentado durante el pleno que rechazan la anexión porque podría propiciar que «miles de palestinos entraran en el Estado judío».

El proyecto de ley prevé la expropiación de las tierras palestinas a cambio de una compensación por valores superiores a su precio de mercado. Estos terrenos pasarán a titularidad del Comisario de Propiedades Gubernamentales de Cisjordania.

Según la legislación internacional, la colonización de territorios ocupados militarmente es constitutiva de «crimen de guerra». Todo apunta que la ley será impugnada de inmediato ante los tribunales y el fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, ya ha advertido de que no la defenderá en el proceso judicial.

El enviado especial de la ONU para Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, ya había advertido de que esta norma «permite la utilización continuada de tierras propiedad de palestinos para asentamientos israelíes. Si se convierte en ley, tendrá consecuencias legales de gran alcance para Israel y reducirá las perspectivas de paz árabe-israelí».