Una representación de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social ha comparecido ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales del Parlamento de Gasteiz para presentar sus propuestas ante el Plan Vasco de Inclusión (2017-2020) que prepara el Gobierno de Lakua.

Los representantes de esta red, que agrupa a entidades que trabajan en la lucha contra la pobreza, han asegurado que no se sienten «representados» por los planes de inclusión realizados hasta ahora. Esta discrepancia, según han explicado, se debe a que estos planes parten de la base de que la única vía para la inclusión social es «el acceso al mercado de trabajo», pero han recordado que hay muchas personas (enfermos, menores, personas que cuidan de sus familiares) que no tienen la posibilidad de encontrar un trabajo.

«Es complicado creer en un plan que vincule la inclusión directamente al empleo. Eso no es un plan creado para las personas en situación de vulnerabilidad, porque no tiene en cuenta la situación en la que se encuentran muchas de ellas», han expresado. 

A su juicio, el «principio fundamental» del Plan de Inclusión debe ser la dignidad entendida como respeto a las personas en riesgo de exclusión y a sus decisiones, porque ello les permitirá «sentir seguridad y sentirse valorados y reconocidos por otras personas».

Para lograrlo, creen que el Plan de Inclusión no debe limitarse a fomentar la empleabilidad de este colectivo, sino que también debe impulsar su «activación y aportación a la sociedad» de distintas maneras, como por ejemplo a través del voluntariado.

Junto a ello, han subrayado que el concepto de inclusión social ha de consistir en el reconocimiento del derecho de las personas excluidas a «dejar de ser unas apestadas» para volver a «ser parte de algo que les dejó fuera porque un día tuvieron un problema».

Además de este «cambio de visión» en el plan, han reclamado revisar las acciones formativas para que «realmente ayuden» a acceder al mercado laboral, impulsar el empoderamiento de las mujeres y habilitar más ordenadores y acceso e internet en centros públicos, dadas las dificultades de este colectivo para tener acceso a estos servicios y su importancia a la hora de buscar empleo.

Han demandado que los servicios sociales «recuperen su función preventiva», ya que ahora se limitan a «paliar» situaciones ya existentes, y han considerado que la integración de las personas en situación de exclusión pasa también por impulsar su acceso a una vivienda.