Esta ha sido la respuesta que el número dos de Interior ha ofrecido al senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, que en comisión le ha preguntado si el Gobierno español va a abrir un proceso de diálogo con Lakua sobre la política penitenciaria.

Nieto ha reiterado que «a día de hoy no hay ninguna negociación abierta» y ha calificado de «positiva» la gestión penitenciaria en lo referente al alejamiento de los presos, a su juicio «compatible con los derechos de los internos» y dentro de un «objetivo paralelo, que es el de vencer a ETA».

El secretario de Estado de Seguridad ha asegurado que «los presos etarras han sido rehenes de la banda y ahora están empezando a liberarse de ella», y ha añadido que «una persona que ha colaborado con la organización, se disuelva o no se disuelva ETA, tiene que cumplir sus condenas».

El representante del PSOE ha instado a los gobiernos de Madrid y Lakua a que «aprovechen el momento de paz y no violencia. Es un buen momento para llegar a acuerdos», coincidiendo además con las «buenas relaciones» entre PP y PNV.

La inquebrantable fe de Urkullu

Mientras en Madrid le daban calabazas, el lehendakari Iñigo Urkullu insistía en mantener sus «esperanzas» de que se produzca un cambio de actitud en el presidente español, Mariano Rajoy, que le lleve a completar las transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika y pendientes desde hace casi cuarenta años, entre ellas la gestión económica del régimen económico de la Seguridad Social y de las prisiones.

Urkullu ha recordado que en la reunión de la semana pasada entregó a Rajoy una copia del acuerdo de gobierno del PNV y el PSE, en el que se contemplan como «prioritarias» estas dos cuestiones. «Deberíamos fijar un calendario de conversaciones y negociaciones para el cumplimiento del Estatuto de Autonomía», ha manifestado.

Al margen de la cuestión competencial, el lehendakari también ha mostrado «esperanzas» de que la nueva relación con el Ejecutivo español depare avances en materia de políticas relacionadas con la convivencia y los derechos humanos, entre las que se incluyen la política penitenciaria o el reconocimiento de las victimas de abusos de las fuerzas policiales.