Será tras valorar la situación y viabilidad con la información generada hasta el momento, gracias al proceso puesto en marcha por el Ejecutivo en cumplimiento del acuerdo programático, ha señalado en el Parlamento de Navarra el consejero de Desarrollo Económico.

Una vez acordada, la propuesta será planteada a la ciudadanía navarra en el marco de un proceso participativo, con el fin de recoger aportaciones de forma previa a la decisión definitiva, ha dicho para apuntar que este paso responde a un momento en el que se ha cumplido con el «compromiso» del acuerdo programático de realizar tres acciones.

Se trata de la redacción de un informe jurídico, encargado a un equipo de la UPNA y ya entregado; la elaboración de un estudio de opinión, adjudicado a la consultora Bizilan; y la celebración de una jornada para analizar diversas experiencias de referencia en Europa.

Sobre el informe jurídico, Ayerdi ha destacado conclusiones como la que asegura que «es posible, jurídicamente», crear una entidad de crédito con mayoría de capital público, aunque circunscrita a un banco o caja de ahorros, con un capital social mínimo de 18 millones de euros, con previa autorización del Banco Central Europeo.

Como alternativa se baraja también la posibilidad de crear un Instituto de Finanzas, igualmente con más de 18 millones de dotación presupuestaria, ha señalado Ayerdi sobre las conclusiones, que añaden que la decisión de activar una banca pública debería incluir «para qué se crea, qué necesidades y de quién pretende cubrir».

«Con estas tres acciones -ha zanjado Ayerdi- se cumple con el compromiso adquirido en el acuerdo programático» del cuatripartito que junto al Gobierno deben ahora «consensuar una posible propuesta», que posteriormente se abrirá a la participación ciudadana, en un proceso que será «transparente, accesible y público», ha zanjado.

En el turno de los grupos, por el peticionario de la comparecencia, Ana Beltrán, PPN, ha lamentado que el consejero no haya avanzado una conclusión más clara sobre la creación o no de la entidad que se estudia y ha alertado de la advertencia del informe de la UPNA sobre la necesidad de definir «para qué» se quiere crear una banca pública, ha dicho tras asegurar que «sería ineficiente» e interpretar lo mismo en el informe.

El «problema» es que será «un instrumento para permitir el endeudamiento público», ha alertado Beltrán, que ha concluido que «no hay razón de peso para imponer al contribuyente navarro la sinrazón de los partidos populistas», ha dicho en referencia velada al interés expreso de la mayoría de los partidos que sostienen al Gobierno.

Tampoco Carlos García Adanero, UPN, ha compartido la necesidad de crear esta entidad financiera pública, aunque sí se ha mostrado valedor de algunas funciones que podría asumir ampliando competencias la empresa pública Sodena.

Por parte de Geroa Bai, Rafael Eraso ha respaldado el «completo» proceso puesto en marcha para extraer de él conclusiones, especialmente en lo que a participación ciudadana se refiere.

Adolfo Araiz, EH Bildu, se ha mostrado, por su parte, abiertamente a favor de «recuperar un instrumento financiero público para que Navarra pudiera tener una financiación de determinadas actividades económicas», decisión que en cualquier caso corresponderá en último término al Parlamento y que su formación «respetará».

También Carlos Couso, Podemos, ha defendido la posible entidad pública, en la que el «control político da garantías» ante cualquier duda de finalidad y actuación que sí puede surgir en entidades privadas con otras motivaciones.

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha pedido a Ayerdi que «gobierne, pero defendiendo los intereses de Navarra y no del cuatripartito», al entender que cede a las «presiones» de los socios, ha dicho tras defender la banca pública pero en un ámbito estatal que no ponga el riesgo en el Gobierno de Nafarroa.

Por I-E, José Miguel Nuin también se ha mostrado «favorable a la recuperación de una entidad de banca pública en Navarra», idea que el informe de la UPNA respalda porque «constata que no hay impedimento en la normativa», e incluso fija en 18 millones la mínima aportación inicial de capital, que considera «accesible», ha dicho para además responder a la pregunta de «para qué» se quiere una banca pública: «Para poder decidir políticas económicas y financieras de los poderes públicos».