El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, junto al Alto Comisionado para la Paz y negociador en La Habana, Sergio Jaramillo, se reunirá con representantes de la sociedad civil para definir cuál debe ser el futuro del Consejo Nacional de Paz, creado por la ley 434 de 1998 como órgano asesor y consultivo del Gobierno en temas de paz y solución negociada del conflicto armado. El lunes, propuso dividir los equipos negociadores para «avanzar más rápido». No obstante, según el periódico colombiano ‘El Tiempo’, no se trataría de que los negociadores plenipotenciarios se dividan en dos grupos para trabajar de manera paralela, sino que equipos técnicos del Gobierno y las FARC-EP empiecen a perfilar la forma en la que abordarán los temas pendientes, entre ellos el de las víctimas y la dejación de las armas. La propuesta será oficializada el próximo 3 de junio, cuando se reanuden los diálogos en La Habana, a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 15 de junio.

Desde Cuba, la delegación de paz de las FARC ha saludado a través de su negociador plenipotenciario Pablo Catatumbo la reactivación del Consejo Nacional de Paz. «Consideramos que en la actual coyuntura cualquier esfuerzo colectivo en favor de la paz como objetivo supremo de los colombianos, tiene un alto valor. La guerra perpetua no puede ser el destino de Colombia», remarca.

«Los avances alcanzados son demostración de que el final de la confrontación no solo es deseable, sino posible. Para las FARC-EP la paz debe ser una política de Estado, una decisión de la mayoría que esté por encima de cualquier interés mezquino. En eso coincidimos con la misma ley que dio origen al Consejo Nacional de Paz, cuando en su artículo 1 afirma que ‘la política de paz es una política de Estado, permanente y participativa’», destaca.

En su comunicado, la guerrilla insiste en que «se requiere del concurso de los movimientos sociales en su diversidad» y le desea a este Consejo «los mejores resultados» para que su accionar sea «una herramienta estable que supere coyunturas políticas y se mantenga como un brazo más en la lucha permanente del pueblo por la superación del conflicto armado».

Carta de 50 personalidades

En respuesta a las palabras de Oscar Iván Zuluaga y a la preocupación que han suscitado en sectores y agentes partidarios del diálogo, 50 personalidades colombianas, entre las que hay exministros e intelectuales, han suscrito una carta dando su total apoyo al proceso de La Habana. En sus cinco puntos, afirman que «la paz constituye un derecho inalienable de todos los colombianos y es condición indispensable para el desarrollo sostenible e incluyente de una sociedad democrática» y expresan su total apoyo al equipo negociador del Gobierno «por su seriedad, diligencia y compromiso, así como apoyamos la agenda y los mecanismos de negociación previamente acordados».

«Nos preocupan las declaraciones del candidato Zuluaga en las que manifiesta su intención de congelar las negociaciones y/o exigir nuevas condiciones inamovibles, las cuales en la práctica podrían conducir al ruptura del proceso». añaden.

Igualmente, exigen a las FARC que «impriman mayor celeridad al proceso y demuestren su verdadero compromiso con la paz mediante hechos claros, por ejemplo, con un cese al fuego prolongado y verificable. Las declaraciones políticas fuera de la agenda acordada confunden a la opinión pública, entorpecen la negociación y deben cesar».

Jaramillo: «No existe una prohibición para que excombatientes participen en política»

El martes, el Alto Comisionado para la Paz y negociador en La Habana, Sergio Jaramillo, volvió a defender ante la Corte Constitucional la incorporación de los guerrilleros a la vida política y, en concreto, el artículo 67 transitorio del Marco Jurídico para la Paz, que recoge las condiciones para la reintegración política de las guerrillas. «No existe ningún estándar internacional, ni mucho menos una prohibición para que excombatientes participen en política». No obstante, matizó que «la participación política individual de cada excombatiente deberá estar condicionada a su compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas».

«Un excombatiente que tenga posibilidad de reintegrarse y participar en política tiene más probabilidades de convertirse en defensor de la paz», concluyó. Incidió también en que los acuerdos alcanzados en La Habana hasta el momento responden a «una lógica de inclusión política y social, tanto de comunidades como de excombatientes para que todos contribuyan a la construcción de la paz»

La delegación de paz de las FARC ha criticado en numerosas ocasiones el Marco Jurídico para la Paz por considerar que fue aprobado de forma unilateral y porque «no se puede actuar como juez y parte».

«Desde su gestación, el llamado Marco Jurídico para la Paz no ha tenido en cuenta criterios de la insurgencia ni de sector político o social alguno vinculado o interesado en el tratamiento del asunto», advirtió en una comparecencia realizada en setiembre de 2013 el negociador de la guerrilla Ricardo Téllez. «Es un absurdo que además tiene el inadmisible desacierto de pretender colocar en condición de victimario unilateral al movimiento guerrillero, a sabiendas que las víctimas lo son del conflicto», denunció.