La asociación de consumidores y usuarios Kontuz ha valorado que el auto de la Audiencia Provincial de Nafarroa conocido hoy «aporta pocas novedades» a la causa sobre las dietas de Caja Navarra (CAN) «más allá de respaldar las decisiones» que en su día tomó la juez instructora respecto al archivo de la investigación que se pudiera haber abierto en referencia al supuesto delito de prevaricación por omisión contra los responsables políticos del Gobierno navarro con competencias para inspeccionar la entidad de ahorro.

Kontuz destaca que la base argumental de este auto emana del dictamen del Tribunal Supremo con fecha 24 de julio de 2013 en el que «libraba a la presidenta Yolanda Barcina de tener que responder a nivel penal por el cobro de las dietas en la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras al entender que tales pagos no tenían que ver con los cargos institucionales que ésta ostentaba, sino con su condición de miembro de ese órgano de la CAN».

A nivel político, considera que la base de esta decisión «no sirve sino para amparar y dejar impunes aquellos comportamientos que afectan a los responsables políticos que permitieron, por acción o por omisión, que se cometieran las tropelías que finalmente acabaron con la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra».

Al respecto, se pregunta qué sucedería si esas argumentaciones se aplicaran a los cargos de Caja Madrid que disfrutaron de las conocidas como tarjetas negras.

Kontuz insiste en que el caso Caja Navarra no se circunscribe a las dietas «indecentes» cobradas por determinados cargos políticos a quienes les correspondía, estatutariamente, inspeccionar la caja y que hicieron dejación de esa responsabilidad, sino que es «mucho más».

En este sentido alude a la «pérdida de casi 1.200 millones de euros», lo que exige el esclarecimiento de responsabilidades y la investigación de los hechos.

En su opinión, «parte de estas investigaciones», las que siempre ha considerado «el nudo gordiano de este caso, están aún pendientes de regresar a la Audiencia de Navarra, de donde nunca debieron salir».

Recuerda que la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional reconoce que la mayoría de sus denuncias «ni siquiera han sido investigadas» y el propio titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de esa instancia «entiende que el sumario debe volver a Navarra».

Por ello, concluye que el caso «sigue tan vivo como lo estaba antes del dictamen de la Sección Primera de la Audiencia Provincial» y reitera que seguirá trabajando «saber toda la verdad, caiga quien caiga».