Según fuentes del Ministerio de Justicia, estas maniobras se habrían producido después de recibir diversas denuncias particulares en juzgados de guardia de Catalunya contra los preparativos del 9N, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional español. Estas querellas fueron impulsadas por organizaciones unionistas como Societat Civil Catalana.

El representante del Ministerio Público no se queda ahí. También ha remitido un oficio al Departamento de Educación de la Generalitat para que este le informe sobre si «ha convocado reuniones con responsables de centros públicos en los que se solicita la puesta a disposición de los centros para la realización de la consulta» y si «existen órdenes o instrucciones» para usar estos locales.

Finalmente, ha remitido un oficio a la empresa Unipost SA para investigar el encargo y el contrato sobre la distribución de la propaganda relacionada con el proceso participativo. Entre los documentos que solicita están el presupuesto, las facturas y «qué persona o entidad les suministró el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado».

La Generalitat asume la responsabilidad ante la amenaza de Fiscalía

La Generalitat ha respondido a la amenza de Fiscalía asumiendo que «el único responsable que ha autorizado el acceso a locales públicos es el propio Govern de Catalunya con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales como es el derecho a la libertad de expresión y de la libertad ideológica y, por lo tanto, no se puede demandar la identificación a voluntarios que no tienen nada que ver en esta autorización y que podrán desenvolver su tarea con total normalidad».

Además, recuerda que ha demandado una aclaración al TC sobre la suspensión que todavía no ha sido respondida.