A diferencia de otras movilizaciones relacionadas con el caso en las que han participado cientos de miles de personas de diversas organizaciones y causas, en esta ocasión sólo se han congregado ante la residencia oficial de Los Pinos familiares de los desaparecidos y algunos activistas.

La protesta ha exigido al Gobierno la presentación con vida de los estudiantes de una escuela rural para maestros que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, ha manifestado que el motivo del acto es resaltar que a casi de tres meses «de la desaparición forzada de los estudiantes, aún el Gobierno federal no ha dado una respuesta, ni siquiera una pista», que a ellos les tranquilice que los jóvenes serán hallados.

En una entrevista con Efe, De la Cruz ha indicado que no tendrán descanso hasta que aparezcan los muchachos «porque nos hace falta un miembro importante de cada una de las familias, y ahora cualquier Navidad, cualquier feliz Nochebuena, no la hay en nuestros corazones».

«Todo lo contrario; hay dolor, hay llanto en cada uno de nosotros, pero también mucho coraje y mucha rabia por la forma tan descarada en que el presidente de México salga a dar u mensaje de paz en México cuando sabe que nuestro país hoy en día vive en la inseguridad y en control de la delincuencia organizada», ha añadido.

Seguirán pidiendo al presidente Enrique Peña Nieto que aparezcan vivos los estudiantes «porque fue el Estado quien cometió este crimen, fueron policías, fue el Ejército, porque también participaron, y estamos recordándole que su Navidad no va a ser feliz como él pensaba, porque no es feliz para nosotros tampoco».

Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre tras varios ataques a tiros perpetrados por policías municipales a las órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en los que además murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas.

Según la investigación oficial, los jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró sus restos en un basurero de un municipio vecino a Iguala.

Los familiares no creen esta versión pese a que un laboratorio de Austria identificó a uno de los 43 estudiantes, Alexander Mora Venancio, gracias a una prueba de ADN practicada a restos óseos recuperados en el basurero.