Según publican varios medios en su edición de este viernes, el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital vizcaina ha citado a declarar en calidad de imputada a Miren Karmele Arias, directora de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad para que responda por el uso de vehículos oficiales y por las dietas que perciben los altos mandos de la Policía autonómica –actualmente hay más de 160 altos mandos–.

La investigación parte de una denuncia que el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Sipe) presentó ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbo al considerar que los pagos que perciben los mandos por comidas y gastos de kilometraje carecen de soporte legal.

La jueza derivó la causa al los juzgados de instrucción ante «la posible existencia de ilícitos penales en orden a la averiguación de los conceptos exactos de las cantidades satisfechas, la indentidad de los conceptos retributivos (con los complementos específicos), la ocultación a Hacienda de posibles rendimientos de trabajo personal (derivada de la no aparición de tales dietas en las nóminas) y la ausencia total de controles dos años después de las disposiciones de los fondos».

Seguridad sostiene que los pagos tienen «soporte jurídico», al estar regulados por el decreto que el Ejecutivo de Lakua aprobó el 17 de enero de 2012, cuando Rodolfo Ares estaba al frente de Interior y, por tanto, antes de que Arias estuviera en el cargo.

La prensa recoge también que, tras su imputación, Arias se dirigió a la Comisión de Ética Pública del Ejecutivo autonómico, que determinó que puede seguir en el cargo.