La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha decidido admitir a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, por sus declaraciones en las que llamaba a dar «jaque-mate» a la Guardia Civil. Los magistrados consideran que «las declaraciones son objetiva y gravemente injuriosas» y pueden incurrir en el delito previsto en el artículo 504.2 del Codigo Penal castigadas con la pena de multa de doce a dieciocho meses.

En el marco de una comparecencia tras la redada que en enero se saldó con dieciséis personas detenidas, Arraiz aprovechó el nombre de ese operativo –‘Mate’– y el de otro que tuvo lugar el año pasado –‘Jaque’– para indicar que «es el momento de que el pueblo vasco dé jaque mate a la Guardia Civil» porque «es el momento de que se vayan de Euskal Herria».

Los tres jueces que conforman la mayoría de la sala, –Robeto Saiz, Antonio García y el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra– sostienen que las declaraciones superan los límites de la libertad de expresión y que son «de extraordinaria gravedad» puesto que se refiere a la Guardia Civil «en términos ignominiosos, vejatorios e infamantes».

No son de la misma opinión ni Nekane Bolado ni Francisco de Borja Iriarte, que firman sendos votos particulares en los que sostienen que las declaraciones de Hasier Arraiz fueron realizadas como representante de un partido, entran dentro de la crítica política y están amparadas por abundante jurisprudencia de tribunales del Estado y también de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo en materia de libertad de expresión

Para la admisión de la querella, el TSJPV afirma que ésta respone a «un fin legítimo» como el de «tratar de preservar y proteger la reputación de las instituciones y garantizar la seguridad pública y la defensa del orden». Lo llamativo es que dicha querella parta de una asociación como Dignidad y Justicia y no de quienes institucionalmente pudieron sentirse injuriados por las palabras de Hasier Arraiz