Iñigo Urkullu llegó a Ajuria Enea en diciembre de 2012 tras haber repetido en varias ocasiones que sus dos primeros años de mandato los dedicaría a la recuperación económica y los dos últimos, a la consecución del nuevo estatus. Estamos en el inicio de su último curso (tiene que convocar elecciones el año que viene). La tasa de paro cuando juró su cargo en Gernika estaba en el 12,3% y el último dato que ofrece el Eustat es del 15,1%. Por tanto, en tres años no parece que haya conseguido enderezar la situación económica. Y en cuanto al nuevo estatus, nada indica que vaya a haber avances prácticos de la mano de su Gobierno antes de que el lehendakari vuelva a llamarnos a las urnas en otoño del 2016 o antes. En cuanto al tercer pilar de su mandato, el avance en paz y convivencia, la evaluación de su Plan encargada al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y conocida esta misma semana, deja muy claros cuáles son sus límites.

Quiere esto decir que mucho tendrá que esforzarse Iñigo Urkullu en este último curso para poder aprobar todas las asignaturas que tiene pendientes. Por ejemplo, de momento el Parlamento ha sacado adelante más leyes a propuesta de los grupos que por iniciativa gubernamental. Al margen de los presupuestos anuales (los primeros tuvo que retirarlos para que no se los rechazaran) y de una propuesta urgente sobre juegos malabares con la paga de los funcionarios (que la Diputación de Gipuzkoa pagó y no ha pasado nada), de los 29 proyectos que anunció en su Calendario Legislativo, solamente cinco se han tramitado en plazo y de momento no se han aprobado más que dos. Once están en debate parlamentario. Uno de los proyectos estrella, la Ley de Administración Pública, fue retirada por falta de apoyos y se convertirá en dos propuestas nuevas que será difícil que puedan aprobarse, al igual que todas las que todavía no han salido del útero gubernamental.

Y es que el Gobierno de Urkullu tuvo un arranque extraño. Sabin Etxea decidió a primeros de noviembre de 2012 tirarse a la piscina con apenas 27 parlamentarios de 75 y tardó hasta abril de 2013 en darse cuenta de que no había agua. Caía ya a plomo desde el trampolín con un proyecto de presupuesto para 2013 que no había intentado pactar con nadie cuando se dio cuenta del golpe que se iba a llevar y lo retiró. La maniobra atenuó la sonoridad del batacazo, pero no su contundencia.

A partir de ahí, Iñigo Urkullu abrió una mesa de negociaciones con el resto de partidos que en setiembre dio el fruto que siempre había deseado: el acuerdo con un PSE en horas bajas y con urgencias institucionales. PNV y PSE retomaban así la senda de los pactos de los tiempos de José Antonio Ardanza, que después han profundizado tras las elecciones municipales y forales, apareciendo ya como socios formales.

El Pleno de Política General del próximo 24 de setiembre fijará las intenciones del final de mandato de Iñigo Urkullu, y aunque es previsible que ofrezca una serie de índices económicos que pretendan avalar una buena gestión, los datos del paro –principal preocupación de la ciudadanía– resultan bien elocuentes.

El Ejecutivo autonómico carece en este momento de un logro de gestión que pueda presentar como marca o bandera de su legislatura y no se atisba entre sus proyectos ningún proyecto que pueda llegar a serlo. Y menos aún cuando es sabido que los meses que quedan de mandato van a estar marcados políticamente por el terremoto que pueden suponer las elecciones plebiscitarias catalanas del 27-S y los posteriores comicios a Cortes Generales de diciembre.

La oportunidad de mostrar músculo de Iñigo Urkullu podría estar en su anuncio de que dedicaría la última parte de la legislatura al desarrollo de un nuevo estatus político para la CAV, pero las señales existentes no invitan a ilusionarse con ello. Para empezar, en lugar de promover desde el Gobierno la creación de una Ponencia sobre esta materia –lo que según aseguró el lehendakari iba a hacer en el primer semestre de 2013– hizo que fuera el PNV quien diera el paso, para oficializarlo al alimón con el PSE, dejando aparcado un principio de acuerdo con EH Bildu.

Además, el Ejecutivo no tardó mucho en recortar las promesas contenidas en el programa electoral jeltzale. El compromiso de que en 2015 habría un refrendo popular de un texto articulado de nuevo estatus perdió la fecha y el concepto de «refrendo», que fue sustituido por «contraste». Puede parecer lo mismo, pero si lo fuera no lo habrían cambiado, más teniendo en cuenta que el resto de compromisos se copiaron casi de forma literal.

Sin embargo, a estas alturas, ya no cabe esperar ni texto articulado ni «refrendo» ni «contraste» alguno. Por tres razones. La deliberada lentitud con la que sus impulsores han hecho que opere la Ponencia, que todavía no ha concluido la fase de consultas e informes que teóricamente debió cerrarse en diciembre. Un futuro inmediato que se adivina convulso por las «plebiscitarias» catalanas y las elecciones a Cortes más imprevisibles desde 1977. Y la falta de sintonía entre PNV y PSE en el campo del autogobierno hace prever que cualquier tipo de avance en este terreno deberá venir desde fuera de una Ponencia condenada de momento a consumirse en el ejercicio de compilar las transcripciones de las comparecencias y los informes solicitados.

Y si la Ponencia de Autogobierno no parece tener futuro, la de Paz y Convivencia sigue todavía en el pasado. Tanto el propio Gobierno como los evaluadores independientes han destacado el alto nivel de ejecución de la mayoría de las iniciativas del Plan de Paz y Convivencia, pero esta eficacia se da en aquellos puntos que dependen únicamente de la Administración autonómica o de la contratación de servicios exteriores (y aún así los retrasos son considerables). Más allá de ello, como recoge el informe de Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, «su capacidad para incidir directamente en el logro de los objetivos marcados es mucho más limitada».

Esta incapacidad para ofrecer respuestas en «los temas más significativos» es achacable en parte a la falta de competencias y a inmovilismos y bloqueos exteriores, pero a estos factores ajenos se suma la escasa altura de miras de Lehendakaritza, que también ella se ha empecinado en una «batalla del relato» –calificada como «rémora» por los expertos del IECAH– que obligue a que ETA y la izquierda abertzale admitan una derrota estratégica y política y se autoinculpen además como los máximos responsables de décadas de violencias, a las que se les quiere sustraer cualquier tipo de origen político e incluso histórico. La diferenciación entre actos de «terrorismo» y actos de «contraterrorismos ilícitos» que se hace desde la Secretaría de Paz y Convivencia es una muestra clara de la intencionalidad gubernamental. La contraprogramación a la última actuación pública de la Comisión Internacional de Verificación fue otra señal de alarma sobre su comportamiento.

Y aunque está claro que al Gobierno de Urkullu le quedan muchos deberes por hacer en este último curso, lo llamativo es que aquellos movimientos que más pueden centrar la actividad parlamentaria de los próximos meses van a llegar desde otros grupos. EH Bildu ha anunciado la presentación de una Ley de Consultas, que puede coger mucha energía en el caso de que las candidaturas independentistas ganen el 27S en Catalunya, lo que producirá una convulsión en todo el Estado español, que habrá de ser aprovechada por el abertzalismo.

Pero además el PSE, socio estratégico del PNV en este momento, ha comunicado el próximo registro de un proposición para reformar la Ley de Territorios Históricos, un cambio legislativo que los jeltzales siempre han admitido desde el punto de vista teórico (de hecho ha estado en los programas de varios gobiernos de coalición en legislaturas anteriores), y que sin embargo nunca han permitido que se lleve a la práctica. Habrá que ver hasta dónde llega este pulso del partido de Idoia Mendia, que tampoco está en condiciones de elevar mucho el tono ante el PNV, a menos de que Pedro Sánchez consiga alcanzar la Moncloa.

Y es que en este curso todo va a estar condicionado por lo que ocurra primero en las elecciones catalanas y luego en las que decidirán el nuevo inquilino de la Moncloa, así como en los terremotos y tsunamis que se produzcan en los entreactos.