En el auto, que puede ser recurrido, la magistrada ha estimado el recurso presentado por la Delegación del Gobierno español en Nafarroa contra la denegación del Ayuntamiento, que argumentó que la Ciudadela está destinada a acoger «espacios creativos». El convenio entre la Policía y el Ayuntamiento dirigido entonces por Enrique Maya (UPN) se firmó el 8 de junio, cuando ya se habían celebrado las elecciones pero aún no se habían constituido la nuevs corporación, liderada por Joseba Asiron (EH Bildu).  

La juez explica en la resolución que, desde una perspectiva puramente teórica, la revocación del acuerdo era posible, como la de cualquier acto administrativo, y apunta que sobre esta discrepancia jurídica se pronunciará en el momento de dictar sentencia.

Pero a los efectos de la suspensión cautelar solicitada, expone que «no se ha aportado prueba de que existan razones de orden público, por ejemplo de que se pretenda para esas fechas otro tipo de uso prioritario de la planta baja de la Sala de Armas, que sí pudieran justificar la revocación de la cesión en su día acordada».

Además, la magistrada resalta que «concurren perjuicios de difícil reparación», dado que la exposición –dedicada a la memoria de los agentes policiales muertos en atentado– tiene comprometidas otras fechas en otras ciudades, por lo que de no realizarse en las fechas inicialmente autorizadas podría no repetirse. Su estancia en Iruñea estaba prevista entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre.