La iniciativa de Geroa Bai, apoyada por EH Bildu, Podemos, I-E y PSN, subraya las «eutanasias clandestinas» que se practican y se «encargan de respetar la voluntad de las personas enfermas, sustituyendo al Estado en un tema que debería estar convenientemente regulado».

«Pese al mayoritario apoyo social a que las personas puedan elegir de qué manera morir, con el menor sufrimiento y en las condiciones más dignas posibles», periódicamente trascienden casos que «recuerdan» la necesidad de regular legalmente este asunto.

La moción recuerda la aprobación el pasado mes de noviembre en este mismo Legislativo de una moción que instaba al Gobierno de Nafarroa a una ley al respecto y al Ejecutivo estatal a despenalizar a eutanasia y el suicidio asistido.

Ahora, y dado que la modificación del Código Penal es competencia del Congreso de los Diputados, se insta al Gobierno estatal a elaborar una ley que lo contemple, según ha señalado en su defensa, por Geroa Bai Koldo Martínez, quien ha defendido esta regulación «precisamente para evitar abusos».

Derecho a una muerte digna

En la misma línea, Asun Fernandez de Garaialde, de EH Bildu, ha defendido el «derecho de toda persona a elegir libre y legalmente el momento en el que acabar con su vida» y ha instado a «dar pasos para que se realice dentro de la legalidad».

La portavoz de Podemos, Laura Perez, ha considerado «cruel la realidad de obligar a vivir una vida a quien no quiere vivirla» y ha defendido que «el derecho a una vida digna debería incluir el derecho a una buena muerte».

Nuria Medina (PSN) ha apoyado la «libertad individual» al respecto y ha considerado «importante responder a la demanda social» al respecto, aunque ha reconocido los «problemas» que puede generar que Nafarroa se adelante a algo de competencia estatal, por lo que ha deseado que un PSOE en el Gobierno solucione pronto este asunto.

Por I-E, Marisa De Simón, ha considerado el de la eutanasia «un derecho de ciudadanía en el marco del derecho a una muerte digna, y a decidir cómo quiere morir» llegado el caso.

Por el contrario, Begoña Ganuza (UPN) se ha mostrado contraria a la modificación del Codigo Penal en esta materia, en la que considera que ya se regula en el ordenamiento español y que cuenta con cuidados, medicaciones y otros aspectos que ya respetan «la voluntad de las personas a morir dignamente», por lo que ha alertado del peligro de una ley «fruto de la precipitación y la escasa mayoría social».

Ana Beltrán (PPN) ha coincidido en considerar que ya está «suficientemente regulado» este aspecto y ha defendido que «en España se ayuda a la gente a morir con dignidad», al tiempo que ha subrayado que su partido está «a favor de la vida desde la concepción hasta su muerte natural».