El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz ha acudido esta mañana a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la CAV, en Bilbo, por las declaraciones realizadas en enero de 2015 tras la operación ‘Mate’, en la que la Guardia Civil detuvo a 16 ciudadanos vascos, entre ellos 12 abogados.

A la salida del juzgado, Arraiz ha declarado que está siendo juzgado «por un delito de opinión» además de «por ser el presidente de Sortu». Arraiz no ha contestado a la preguntas que le ha formulado Roberto Sáiz porque le había recusado en junio de 2015, pero el TSJPV no admitió a trámite la petición para su apartamiento de la causa.

Harraiz está acusado de «amenazas» por señalar que era hora de «dar jaque mate a la Guardia Civil». Junto a él, han estado varios miembros de Sortu, que han realizado una concentración frente al juzgado, con el fin de mostrarle apoyo y con carteles que reclamaban «libertad de expresión». 

En este sentido, ha señalado que no se cansará de decir que «este país no necesita a la Guardia Civil» y que se deben marchar «cuanto antes». A su juicio, «es momento en Euskal Herria, en este Estado, de que los debates políticos se lleven a las instituciones y al resto de foros de debates políticos en igualdad de condiciones, no a los Juzgados».

Del mismo modo, ha recordado unas palabras del exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, cuando dijo que la izquierda abertzale «había traído el conflicto del ring de boxeo a un tablero de ajedrez». «Esto demuestra que algunos no entienden de ajedrez ni tienen ninguna intención de entender porque a ellos les va más el boxeo. Un Estado que tiene miedo de la libertad de expresión, es un Estado democráticamente sumamente débil, y lo estamos viendo aquí en Euskal Herria de continuo, pero también en otras partes del Estado. Por eso, también desde aquí nuestra solidaridad para con todos aquellos que están sufriendo persecución por delitos de opinión en otras partes también del Estado», ha apuntado.

En una nota, la formación abertzale ha denunciado que «los estamentos policiales y judiciales atacan a la disidencia política» con juicios como este. Así, ha subrayado que la Audiencia Nacional española es «un instrumento de excepción».